_-_copia.jpg?w=1024&resize=1024,1024&ssl=1 "Reforma fiscal en Honduras")
La última proclamación hecha por el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, ha creado una atmósfera de alarma en el país. Redondo señaló que la normativa de Justicia Tributaria, promovida por el gobierno de Xiomara Castro, podría ser sancionada en cualquier instante, incluso en sesiones fuera del horario convencional, lo que ha generado preocupación en varios sectores. Esta eventualidad ha sido vista como un intento de avanzar con la reforma sin el diálogo ni el acuerdo necesarios, intensificando así la inquietud en la oposición política, en las asociaciones empresariales y en organizaciones de la sociedad civil.
La respuesta fue rápida. Empresarios, legisladores de oposición y figuras de la sociedad civil han expresado su inquietud por lo que interpretan como un intento de implementar una reforma tributaria de gran impacto sin diálogo ni claridad. La alerta sobre la posible sanción de la ley en momentos poco convencionales se ha interpretado como un intento de evitar la movilización popular y el rechazo de los medios, incrementando así la tensión en el entorno político y social en Honduras.
Inquietudes acerca del procedimiento legislativo
El comunicado sobre la posible aprobación relámpago de la Ley de Justicia Tributaria ha sido visto por grupos opositores y del sector productivo como un indicio de cerrazón y falta de diálogo democrático. Estos grupos han afirmado que el gobierno intenta esquivar la discusión pública y el acuerdo, lo cual consideran dañino para la democracia y la transparencia. La eventual aprobación de la ley sin un proceso apropiado ha sido considerada un peligro para la economía y los derechos de la población, provocando una convocatoria a la observación y movilización social.
Los adversarios en el Congreso y los voceros del sector privado han manifestado que una modificación de tal magnitud no debería ser autorizada sin un estudio exhaustivo y sin la intervención de todos los interesados. Opinan que la ausencia de discusión podría traer repercusiones perjudiciales para la nación, sobre todo si se utilizan procedimientos legislativos inusuales para eludir la supervisión pública.
Efectos financieros y comunitarios de la modificación
La Ley de Justicia Tributaria ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores, que advierten sobre sus posibles efectos negativos. Entre las principales preocupaciones se encuentra la eliminación de exoneraciones consideradas clave para atraer inversión, lo que, según los críticos, podría afectar a empresas productivas y al sector agroindustrial. Además, se señala que la reforma pondría en riesgo miles de empleos, encarecería el costo de vida y podría provocar el cierre de negocios.
Frente a esta situación, entidades empresariales y organizaciones de la sociedad civil han instado a los ciudadanos a permanecer vigilantes y activos, con el propósito de evitar la aprobación de la ley sin un proceso democrático adecuado. La inquietud principal es que una reforma de gran repercusión nacional no debe ser una «sorpresa en la noche», sino un camino claro y colaborativo, donde se valoren todas las opiniones y se examinen detenidamente las posibles implicaciones para la economía y la población de Honduras.