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En Honduras, la polémica en torno a la campaña gubernamental de «las 10 familias» ha generado un intenso debate sobre la relación entre el gobierno y el sector empresarial. Diversos actores de la sociedad civil, gremios empresariales y líderes de opinión han expresado su preocupación por lo que consideran una narrativa de confrontación promovida por el gobierno de Xiomara Castro. Esta campaña, que señala a ciertos grupos empresariales como responsables de los problemas económicos del país, ha sido criticada por poner en riesgo la seguridad de los empresarios, polarizar el ambiente político y dañar la confianza en la inversión privada.
En este contexto, la diputada Beatriz Valle ha alzado su voz para cuestionar la efectividad de esta estrategia gubernamental. Valle critica el discurso repetitivo y divisionista contra las «10 familias«, argumentando que, si el gobierno realmente considera que existen privilegios fiscales injustos, tiene el poder para revocarlos sin necesidad de recurrir a campañas públicas de confrontación. Sus declaraciones han generado un fuerte eco en la esfera política, donde crecen las críticas por la falta de resultados concretos en materia económica y de gobernabilidad.
Opiniones sobre la estrategia del gobierno y sus posibles efectos
Algunas partes han interpretado la iniciativa de «las 10 familias» como un intento de desviar el foco de las deficiencias actuales del gobierno en temas económicos y de seguridad. Tanto empresarios como activistas de derechos humanos alertan que tales discursos pueden acarrear efectos perjudiciales, como los ocurridos en naciones donde el fomento de la división social desde el gobierno ha resultado en persecuciones políticas, confiscaciones y problemas económicos. Se destaca que ya hay indicios de amenazas individuales, campañas difamatorias en plataformas digitales y acusaciones infundadas que perjudican a quienes generan empleo.
Los líderes empresariales también han manifestado su preocupación por el impacto que este ambiente hostil está teniendo en la economía nacional. Se reporta un congelamiento de nuevas inversiones, la cancelación de proyectos de expansión y la salida de capitales hondureños hacia otros países. Existe el temor de que, si el gobierno continúa culpando a la empresa privada de sus propios errores, se termine destruyendo lo poco que aún funciona en la economía. Ante esta situación, se hace un llamado al gobierno para que cese este tipo de campañas divisivas y convoque a un diálogo nacional constructivo.
La invitación a actuar y la demanda de resultados tangibles
La legisladora Beatriz Valle se ha mostrado especialmente crítica ante la ausencia de medidas efectivas por parte del gobierno, a pesar de que mantienen el control sobre los tres poderes del Estado. La representante del poder legislativo interroga por qué no se adoptan acciones legales en contra de aquellos señalados de corrupción o abuso, en lugar de solo repetir un mensaje desgastado. Su exhortación es a cesar la siembra de odio entre los ciudadanos hondureños y a centrarse en solucionar los verdaderos problemas del país.
Las declaraciones de Valle han sido interpretadas como un punto de inflexión en el debate político, donde incluso sectores oficialistas comienzan a expresar su descontento por la falta de resultados tangibles en áreas clave como la economía, la justicia y la gobernabilidad. La exigencia es clara: se necesitan soluciones y no enemigos imaginarios. La sociedad hondureña demanda un cambio de rumbo que priorice el diálogo, la inversión y la estabilidad, en lugar de la confrontación y la división.