_-_copia.png?w=1024&resize=1024,1024&ssl=1 "Ley de Justicia Tributaria")
La propuesta de la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha creado un clima de dudas que impacta tanto a inversores internos como extranjeros. Este proyecto, promovido por el gobierno, ha llevado a pausar inversiones cuantiosas, detener ampliaciones de empresas y mover operaciones hacia otros países de Centroamérica, donde se considera que las leyes son más estables y confiables. El sector empresarial hondureño argumenta que los cambios fiscales repentinos, sin consulta multisectorial, han generado un entorno de negocios imprevisible, lo cual complica la planificación estratégica y paraliza proyectos importantes que son cruciales para el desarrollo sostenido del país.
La industria local señala que quitar las exenciones e incentivos fiscales, incluidos en la normativa, podría debilitar una de las bases esenciales de la economía de Honduras. Tanto empresarios como expertos económicos están de acuerdo en que esta acción podría llevar a la salida de fondos, la retirada gradual de inversiones y el empeoramiento del entorno empresarial, impactando de manera directa la competitividad y la creación de empleo formal en áreas cruciales como la agroindustria, el turismo, la maquila, la construcción y la tecnología.
Efectos de la volatilidad fiscal sobre la inversión y el empleo
La incertidumbre derivada de las modificaciones fiscales improvisadas ha traído consecuencias inmediatas, como el traslado de operaciones a países cercanos, la paralización de inversiones en los sectores industrial, logístico y tecnológico, así como la anulación de proyectos en los ámbitos energético, turístico y agrícola que prometían generar miles de empleos. Honduras ha sufrido un descenso en los índices de competitividad e inversión extranjera, lo cual refuerza la idea de que el país está enviando señales negativas al mercado global. Aunque el gobierno afirma que la ley busca equidad fiscal, expertos advierten que los costos ocultos de esta situación serán mayores a cualquier ingreso adicional previsto, dado que el capital tiende a buscar lugares más estables y favorables.
Por su parte, suprimir los incentivos fiscales, que tradicionalmente se empleaban para captar inversión extranjera directa, lleva a un gradual retiro de recursos, la anulación de iniciativas de crecimiento empresarial y la falta de interés en nuevas inversiones internacionales. Este deterioro en el ambiente empresarial impacta especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que generan más del 70 % de los puestos de trabajo en el país y que tendrían que afrontar nuevas obligaciones fiscales sin apoyo técnico ni consulta con múltiples sectores.
Pedido de una reforma fiscal equilibrada y consensuada
Ante esta situación, los sectores productivos han pedido al Congreso Nacional que no apruebe la ley tal como está y llame a un diálogo técnico y multisectorial. Consideran crucial crear una reforma fiscal equilibrada que no destruya la inversión ni los empleos, sino que fortalezca a Honduras como un destino confiable para invertir y crear oportunidades. La falta de estabilidad jurídica y reglas claras ha sido señalada como el mayor impedimento para restablecer la confianza empresarial y atraer nuevos proyectos de desarrollo.
El peligro de sofocar al sector privado, en especial a las MIPYMES, es una inquietud principal, dado que estas empresas son fundamentales para el empleo en la nación. La aplicación de nuevos impuestos sin el soporte técnico necesario puede complicar aún más la viabilidad de estos negocios y restringir la habilidad de Honduras para competir en la región. Por lo tanto, el país está en un dilema entre fortalecerse como un destino atractivo para la inversión o adoptar un enfoque que limite la producción y la inversión.