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En Honduras, ha surgido un gran debate a raíz del caso de Koriun Inversiones, después de que se descubriera un esquema Ponzi que perjudicó a más de 35,000 personas. La acusación pública realizada por el diputado Edgardo «Chele» Castro ha centrado la atención en la posible protección política y judicial que facilitó el funcionamiento anómalo de la compañía.
La acción de las autoridades, la garantía de fondos y la respuesta de los inversores han puesto de manifiesto una falta de confianza en el sistema bancario del país. La investigación sigue en marcha, mientras se plantean dudas sobre la responsabilidad de los servidores públicos y la eficiencia de los sistemas de control.
Operación fraudulenta tipo Ponzi y actividad anómala de Koriun Inversiones
Koriun Inversiones funcionaba con un esquema de Ponzi, que implica obtener dinero de nuevos inversionistas para retribuir ganancias a los anteriores, sin producir beneficios legítimos. La compañía ofrecía una ganancia semanal del 5 %, lo que se traduce en un 20 % al mes, garantizando a los clientes la recuperación de su capital en cinco meses. No obstante, la viabilidad del sistema se basaba en la entrada continua de nuevos inversionistas, lo que finalmente ocasionó su colapso y significantes pérdidas económicas para miles de personas.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) verificó que Koriun Inversiones no estaba autorizada para funcionar como entidad financiera. A lo largo de las inspecciones en varias sucursales y casas de administradores, se encontraron grandes cantidades de dinero en efectivo, guardadas de manera no oficial en cajas y bolsas. Además, se descubrieron importantes transacciones financieras, como el retiro de 400 mil dólares efectuado por ciudadanos de EE. UU. vinculados al comienzo del fraude en 2017.
Acusaciones sobre protección gubernamental y desconfianza en aumento
El legislador Edgardo Castro indicó que la actividad de Koriun Inversiones se llevó a cabo con el respaldo de personalidades políticas, fiscales y funcionarios estatales. Castro criticó la ausencia de intervención rápida de las entidades de supervisión y demandó una investigación completa para identificar a los responsables de facilitar o tolerar la estafa. También se destacó el involucramiento de alcaldes que promovieron la compañía y la falta de respuesta de los fiscales ante las advertencias iniciales.
El cierre de Koriun Inversiones desató manifestaciones de los perjudicados, quienes demandaron la restitución de sus fondos y expresaron miedo a perder su dinero. La CNBS ordenó el resguardo de los recursos y la devolución a los inversores dentro de lo viable, aunque se espera que el proceso sea complicado y extenso. El caso ha revelado la fragilidad de los ciudadanos frente a esquemas financieros no regulados y la necesidad de mejorar los mecanismos de supervisión y protección en el sector financiero de Honduras.