_-_copia.jpg?w=1024&resize=1024,1024&ssl=1 "Violencia política de género en Honduras")
En Honduras, diversas diputadas pertenecientes a distintos partidos han hecho públicas denuncias sobre una serie de malos tratos, insultos y violencia política de género en el Congreso Nacional. Estas acusaciones ponen de manifiesto un entorno hostil donde las legisladoras son objeto de intimidación y desvalorización debido a su condición femenina, más aún cuando expresan opiniones críticas o intervienen en los debates parlamentarios. Estas situaciones han provocado una discusión sobre el respeto e igualdad en los espacios de poder, resaltando la continuidad de comportamientos misóginos y lenguaje violento en el recinto legislativo.
Las acusaciones igualmente indican que este comportamiento ha aumentado en el contexto de debates controversiales, como aquellos vinculados a la Ley de Justicia Tributaria y los cambios en el Poder Judicial. Aunque la severidad de estos hechos es evidente, las autoridades del Congreso no habrían implementado sanciones disciplinarias para los responsables, lo que fomenta la aceptación de la violencia política de género. Ante esta situación, las diputadas han demandado acciones efectivas para asegurar su seguridad y el respeto a su función legislativa.
Acoso político por razones de género y clima institucional en el Parlamento Nacional
Las legisladoras han expresado que en el Congreso Nacional se replican comportamientos que van desde insultos verbales hasta intentos de agresión física, lo cual evidencia un patrón de violencia política de género. Esta situación impacta la participación total y activa de las mujeres en el proceso legislativo, creando un entorno de intimidación y exclusión.
La violencia política hacia las mujeres se observa principalmente en periodos de fuerte debate, cuando las representantes adoptan posturas críticas contra el gobierno. Esta condición no solo afecta los derechos de las legisladoras, sino que también amenaza la calidad democrática, al restringir la diversidad de voces y perspectivas en el proceso de toma de decisiones. La falta de protocolos concretos para abordar estos casos en el Congreso perpetúa este problema.
Apoyo social e institucional y requerimientos de las legisladoras
Diversos sectores de la sociedad civil, junto con organismos internacionales como ONU Mujeres y la Red de Parlamentarias de América Latina, han expresado su apoyo a las diputadas afectadas y han solicitado al Estado hondureño garantizar condiciones de igualdad y seguridad para todas las legisladoras. Estas organizaciones han subrayado la necesidad de implementar sanciones disciplinarias inmediatas contra quienes cometen actos de violencia política, así como la creación de protocolos específicos para prevenir y atender estas situaciones en el ámbito legislativo.
Las legisladoras han expresado que continuarán luchando por ser atendidas y respetadas, subrayando que su tarea es representar al pueblo y no ser objeto de hostigamiento o abuso. Entre sus exigencias está el establecimiento de medidas claras para proteger su seguridad, el respeto absoluto a su función legislativa y la eliminación de cualquier forma de violencia política de género en el Congreso Nacional. Consideran estas medidas esenciales para fortalecer la democracia y asegurar la participación igualitaria de las mujeres en la política de Honduras.