El aumento del poder del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha provocado serias advertencias sobre un potencial cambio hacia el autoritarismo en Honduras. Diferentes sectores sociales y políticos han expresado inquietud por varias medidas recientes del partido en el gobierno que, afirman, amenazan los fundamentos democráticos y el balance institucional del país. Estas acusaciones se enfocan en un estilo de gobierno que estaría promoviendo la continuidad en el poder, en detrimento de los frenos y contrapesos que establece la constitución.
Desde la oficina del Ejecutivo hasta el Congreso Nacional, las acciones concertadas que refuerzan el dominio del partido en el poder han generado preocupación entre analistas, activistas por los derechos humanos y miembros de la oposición. La ausencia de acción por parte del Ministerio Público en casos delicados también se ha visto como un componente de un panorama que contribuye al deterioro del sistema democrático.
Indicadores que sugieren un descenso en la fortaleza institucional
Dentro de los factores que aumentan las preocupaciones se encuentra la implementación frecuente del estado de excepción, aplicado de forma discrecional y sin justificación clara. Esta iniciativa ha restringido derechos civiles fundamentales y ha sido criticada por organismos tanto nacionales como internacionales. Al mismo tiempo, se ha observado una tendencia hacia la persecución política mediante discursos agresivos dirigidos a empresarios, periodistas y opositores.
En el ámbito electoral, la tardanza en anunciar formalmente las elecciones y la ausencia de progresos en la creación de nuevos organismos como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ha sido considerada como intentos de manipulación institucional. Además, se añade una retórica polarizadora por parte del oficialismo, que intensifica las divisiones sociales y ha sido equiparada con situaciones ocurridas en naciones como Nicaragua y Venezuela.
Respuestas y apelaciones por la protección de la democracia
La reacción ha sido inmediata. Grupos de la sociedad civil y líderes de la oposición han lanzado llamados apremiantes para unirse y evitar que Honduras se convierta en una democracia fallida. La diputada opositora Maribel Espinoza resaltó la importancia de realizar elecciones justas y transparentes como un fundamento esencial de la república, subrayando que la alternancia en el poder es crucial para mantener la democracia.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas han empezado a mostrar preocupación por el deterioro gradual de las libertades públicas en el país. La unión de instituciones cooptadas, retórica divisiva y falta de mecanismos eficaces de supervisión ha generado un ambiente cada vez más adverso para la vida democrática.
Si el rumbo presente no cambia, Honduras se arriesga a moverse hacia un sistema autoritario solidificado, lo cual tendría efectos significativos en su vida política y social. La coyuntura actual demanda la vigilancia de los ciudadanos, la cooperación entre los sectores democráticos y el compromiso con los principios constitucionales que aseguran la diversidad y la inclusión.