_-_copia.jpeg?w=1024&resize=1024,1024&ssl=1 "Elecciones Honduras 2025")
La situación política reciente en Honduras ha estado influenciada por acciones ciudadanas en apoyo a la diversidad democrática y la participación política. En Tegucigalpa, muchas personas, incluidas aquellas de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes de universidad, dirigentes comunitarios y ciudadanos sin afiliación específica, se reunieron frente al Congreso Nacional para una vigilia tranquila. Esta protesta tuvo como objetivo central pedir el pleno respeto y protección para los partidos políticos más pequeños durante el proceso electoral que concluirá con las elecciones generales en noviembre de 2025. Durante la vigilia, los participantes usaron velas y letreros, simbolizando su preocupación ante lo que consideran una amenaza al sistema multipartidista, en un contexto de acusaciones de presiones, dificultades administrativas y exclusión mediática hacia los partidos nuevos.
La manifestación sirvió como un espacio para denunciar acciones que, según los protestantes, obstaculizan la participación equitativa en la discusión pública, imponen limitaciones inmerecidas para el registro de partidos y perpetúan discursos oficiales que desautorizan a los partidos no tradicionales. Asimismo, mencionaron el uso de recursos del estado en favor de partidos gubernamentales. Durante el evento, se presentó una carta abierta al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), demandando condiciones justas, acceso transparente a medios de comunicación públicos y protección contra el acoso político hacia candidatos independientes o de minorías.
Marco del proceso de elecciones y reclamos de exclusión
El escenario político de Honduras para las elecciones de 2025 está caracterizado por una atmósfera de alta tensión y polarización. Durante las elecciones primarias realizadas el 9 de marzo, participaron los tres principales partidos: Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional y Partido Liberal. Estas elecciones se vieron afectadas por demoras considerables en la distribución del material electoral, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, provocando malestar y acusaciones de irregularidades por parte de votantes y dirigentes políticos. El CNE admitió problemas logísticos, mientras que sectores de la oposición señalaron que los incidentes eran resultado de una supuesta intervención de las Fuerzas Armadas y de la ministra de Defensa, quien también es aspirante a la presidencia.
En este entorno, las agrupaciones políticas nacientes han criticado iniciativas legislativas que pretenden adelantar el plazo para entregar planillas, lo cual consideran como una medida que limita sus oportunidades de participación y refuerza la exclusión política. Estas acciones se suman a quejas acerca del uso inequitativo de fondos públicos y la falta de acceso igualitario a los medios estatales. Las inquietudes de la sociedad civil y de las formaciones minoritarias se centran en la necesidad de proteger la diversidad política y en evitar que se afiancen prácticas restrictivas con vistas a las elecciones generales de noviembre de 2025.
Respuestas de las instituciones y solicitudes de la población
La manifestación frente al Congreso Nacional evidenció la supervisión constante de la ciudadanía sobre el proceso democrático. Los participantes presentaron de manera formal sus peticiones a las autoridades electorales, pidiendo que se garantice la equidad para todos los partidos registrados y que se asegure la claridad en la distribución de tiempos en los medios públicos. Asimismo, demandaron medidas efectivas contra la intimidación política, sobre todo para candidatos independientes o de partidos con menor representación.
El ciclo parlamentario 2022-2026 del Congreso Nacional, que comenzó después de las elecciones de 2021, se ha caracterizado por la polarización y momentos de crisis interna, como la disputa en la selección de la junta directiva y la división de bancadas. En este entorno, la opinión pública ha percibido un aumento de prácticas que benefician a los partidos tradicionales y complican la entrada de nuevas fuerzas políticas. La sociedad civil ha reafirmado su compromiso de monitorear y proteger los espacios de libertad y participación política, enfatizando que la diversidad es fundamental para la democracia en Honduras.