_-_copia.jpg?w=1024&resize=1024,1024&ssl=1 "Fuerzas armadas de Honduras")
El proceso electoral hondureño de 2025 se ha visto marcado por una serie de acontecimientos que han incrementado la incertidumbre y el debate sobre la institucionalidad democrática en el país. Un informe de auditoría interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) responsabilizó a las Fuerzas Armadas por fallos logísticos graves durante las elecciones primarias, mientras que decisiones recientes sobre el desarme selectivo de oficiales han generado sospechas sobre la neutralidad del aparato militar.
A esto se suma el llamado de expertos constitucionalistas para reformar la Constitución y retirar a las Fuerzas Armadas de toda función electoral, en un contexto donde la confianza ciudadana en los procesos y resultados se encuentra en niveles mínimos.
Revisión del CNE y discusión sobre el papel militar en elecciones
El reporte de auditoría interna del CNE, divulgado a medios nacionales, explicó que el retraso, la falta de completitud y la desorganización en la entrega del material electoral en varios centros de votación resultaron de irregularidades en el cumplimiento del protocolo logístico por parte de las fuerzas militares, responsables del resguardo y distribución de las urnas electorales.
Entre los descubrimientos más significativos se detectaron cambios injustificados en las rutas, retención prolongada de vehículos de transporte electoral, entrega parcial de equipos tecnológicos a áreas rurales y carencia de comunicación entre líderes militares y coordinadores electorales. Estas situaciones causaron demoras de hasta 12 horas en la apertura de urnas, impactando la participación ciudadana y suscitando dudas sobre la transparencia del proceso, particularmente en relación con el Partido LIBRE, del cual ya se habían reportado irregularidades.
La publicación del informe se produjo en un contexto de alta tensión política, con creciente temor de que las Fuerzas Armadas no actúen con neutralidad en las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025. Hasta el momento, el alto mando militar no ha emitido una declaración formal y el gobierno del Partido LIBRE ha guardado silencio, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como una señal de complicidad.
Frente a este escenario, agrupaciones opositoras como Nacional, Liberal y Salvador de Honduras han demandado una revisión completa del acuerdo de asistencia logística entre el CNE y las Fuerzas Armadas, la llegada temprana de observadores internacionales y revisiones externas al sistema de conteo de votos.
Reducir armamento de ciertos oficiales y conflictos internos en el Ejército
En medio del ambiente de polarización política, la decisión del Estado Mayor Conjunto de desarmar selectivamente a varios oficiales de las Fuerzas Armadas ha generado preocupación en círculos castrenses, políticos y de la sociedad civil. Según fuentes militares y denuncias recogidas por medios nacionales, el desarme no se estaría aplicando de manera general ni por razones técnicas o de seguridad, sino exclusivamente a oficiales que han manifestado posiciones institucionales independientes o críticas hacia el oficialismo.
Esta medida ha sido interpretada como un intento de depuración silenciosa dentro del estamento militar, rompiendo con la tradición de neutralidad y generando sospechas sobre el objetivo de garantizar el control político total del aparato de seguridad nacional de cara a las elecciones generales.
El desarme dirigido se añade a una lista de medidas recientes, tales como modificaciones en el liderazgo militar y reubicaciones obligatorias, que han aumentado la fricción y la insatisfacción dentro de la organización, sobre todo entre mandos intermedios y superiores. Algunos de los oficiales a los que se les ha retirado sus armas han sido reasignados a tareas administrativas, lo cual se interpreta como un método para separarlos de las operaciones y del proceso electoral.
La preocupación central entre líderes opositores y grupos democráticos es que, frente a una posible pérdida del oficialismo en las elecciones, el Gobierno podría recurrir a las Fuerzas Armadas para ignorar los resultados o controlar manifestaciones populares.
Estos eventos han intensificado la discusión nacional acerca de la urgencia de actualizar y proteger los procedimientos electorales contra cualquier intervención armada, especialmente en un escenario donde se está poniendo en duda la estabilidad democrática de Honduras. La demanda social y política para que el Congreso promueva una reforma constitucional que redefina el papel de las Fuerzas Armadas en la democracia de Honduras se ha convertido en un tema clave dentro de la agenda pública, mirando hacia las futuras elecciones generales.