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En unos meses se llevarán a cabo las elecciones generales el 30 de noviembre de 2025 en Honduras, acaparando así la atención global hacia el avance del proceso electoral. El Gobierno de los Estados Unidos, mediante comunicados de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y declaraciones de la embajadora Laura Dogu, ha expresado su inquietud, especialmente después de las anomalías detectadas en las elecciones primarias del 9 de marzo.
Estados Unidos ha instado a los actores políticos hondureños, en particular al partido oficialista LIBRE, a respetar la institucionalidad electoral y a garantizar un proceso transparente y competitivo. La embajadora Dogu subrayó la importancia de la independencia del Consejo Nacional Electoral y la integridad del conteo de votos.
Advertencias y preocupaciones internacionales
Estas afirmaciones ocurren en un entorno de denuncias contra LIBRE por acumulación de poder, influencia sobre el CNE, militarización y empleo de recursos estatales con fines políticos. Como muestra de desagrado, Estados Unidos ha interrumpido provisionalmente una parte de su colaboración económica destinada al refuerzo institucional en Honduras, abarcando fondos para iniciativas de transparencia en elecciones, combate a la corrupción y respaldo a organizaciones civiles.
Esa acción se muestra como un esfuerzo por impactar en la orientación política del gobierno de Honduras, en un contexto de acercamiento político hacia países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, lo que ha complicado las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
La congresista estadounidense María Elvira Salazar ha expresado su preocupación por la posibilidad de que Honduras siga un camino similar al de Venezuela, advirtiendo sobre políticas implementadas por la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya.
Alternativas posibles y seguimiento constante
Especialistas globales y prensa internacional indican que Estados Unidos podría intervenir si ocurre un fraude o colapso institucional. Se anticipa la presencia de observadores extranjeros durante las elecciones y se podrían tomar acciones diplomáticas si se compromete la voluntad del pueblo. Las acciones posibles incluyen congelar fondos de cooperación, imponer sanciones a los funcionarios y aplicar restricciones de visas e inversiones.
Estados Unidos ha manifestado que la comunidad global vigila el proceso de elecciones en Honduras. Asimismo, se ha mencionado que cualquier acción de manipulación acarreará consecuencias. El 30 de noviembre, el pueblo hondureño participará en unas elecciones que impactarán en su prestigio internacional y su porvenir como país.