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Honduras se acerca a las elecciones generales en medio de un ambiente de creciente inquietud. Acusaciones de irregularidades, esfuerzos de control institucional y atentados contra la libertad de prensa empañan la transparencia del proceso electoral, generando dudas sobre la habilidad del país para realizar elecciones justas y claras.
La preocupación por la cadena de acontecimientos que han despertado inquietud y desconfianza dentro de varios grupos sociales se enfoca en la posible utilización de instituciones fundamentales, tales como el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el propósito de influir en el resultado electoral y beneficiar a ciertos intereses políticos.
Intento de judicialización del CNE y riesgos para la autonomía electoral
Las alarmas han saltado ante la posibilidad de que la Fiscalía esté planeando cargos contra consejeras del CNE, con la intención de desestabilizar al organismo electoral y asegurar el dominio del proceso por parte del oficialismo. Fuentes políticas han advertido sobre actividades inusuales dentro del sistema judicial que señalan una acusación inminente por presuntos delitos administrativos o abuso de autoridad contra consejeras vistas como independientes o críticas del control político que ejerce el partido LIBRE sobre el CNE.
Analistas y dirigentes contrarios al gobierno han descrito este supuesto plan judicial como una maniobra política destinada a debilitar el esquema del CNE y a desplazar a aquellos que no apoyan el objetivo de poder del oficialismo. Se teme que una acusación oficial obligue a las consejeras a dejar sus puestos, permitiendo nombrar reemplazos que favorezcan al gobierno.
Grupos defensores de derechos humanos y colectivos ciudadanos han advertido sobre un potencial «golpe institucional sutil» que pretende modificar la estructura del árbitro electoral en beneficio del partido en el poder justo antes de las elecciones. Frente a este panorama, diferentes sectores han pedido a la comunidad internacional que supervise las operaciones del Ministerio Público y asegure la autonomía del organismo electoral.Diferentes asociaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han advertido sobre un posible «golpe institucional oculto» cuyo objetivo es modificar el organismo electoral en beneficio del partido de gobierno justo en la etapa crucial previa a las elecciones. Frente a este escenario, varios sectores han pedido a la comunidad internacional que supervise las acciones del Ministerio Público y asegure la autonomía del organismo electoral.
Agresiones a los medios y limitaciones a la libertad informativa
En este contexto de creciente polarización política, el periodismo en Honduras enfrenta una de sus etapas más oscuras desde el retorno a la democracia, con denuncias crecientes de acoso, intimidación, censura y agresiones contra medios de comunicación y periodistas independientes, provenientes tanto de funcionarios del gobierno como de elementos de las Fuerzas Armadas.
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) han emitido alertas urgentes, advirtiendo que en Honduras se está consolidando un patrón de represión informativa orquestado desde el poder para acallar voces críticas, desinformar al pueblo y garantizar el control total del discurso público rumbo a las elecciones.
En meses recientes, se han documentado ataques físicos a periodistas mientras cubrían manifestaciones, acoso digital orquestado hacia comunicadores críticos, limitaciones en el acceso a datos públicos y amenazas anónimas dirigidas a reporteros que indagan sobre corrupción.
Durante la cobertura de manifestaciones, se ha registrado la presencia de fuerzas militares que intimidan a los equipos de prensa, solicitan identificaciones, bloquean transmisiones y confiscan equipos periodísticos. Junto con la represión en el ámbito físico y digital, se ha iniciado una campaña de descalificación por parte del gobierno hacia medios independientes y periodistas destacados, calificándolos como «enemigos del pueblo» o «desestabilizadores».
Peligros para la integridad del proceso de elecciones
La conjunción de estos elementos -el intento de llevar al CNE a los tribunales, las críticas al rol de las Fuerzas Armadas y las agresiones a la prensa- crea un ambiente de inseguridad acerca de la solidez del proceso electoral en Honduras. La potencial utilización de instituciones importantes y la limitación del acceso a la información constituyen graves riesgos para la claridad y la justicia de las elecciones.
Frente a este escenario, varios grupos dentro de la sociedad han instado a la comunidad global a observar cuidadosamente la situación y a demandar garantías de apertura y respeto a los derechos esenciales para garantizar que la población de Honduras tenga la oportunidad de seleccionar a sus líderes en un entorno de libertad y democracia.