_-_copia.jpg?w=1024&resize=1024,1024&ssl=1 "Libertad de prensa en Honduras")
En Honduras, el panorama de la libertad de prensa ha cobrado una importancia notable recientemente, caracterizado por un aumento en los casos de violencia, amenazas y falta de consecuencias contra periodistas y medios. Varios informes y datos oficiales han puesto de manifiesto un ambiente progresivamente más adverso para el oficio periodístico, donde la presión de tipo institucional y económica se mezcla con acciones directas de hostigamiento y campañas de desprestigio.
En este entorno, los periodistas de Honduras han lidiado con peligros físicos y campañas de descrédito público y persecución legal, lo cual ha afectado la autonomía de los medios y ha suscitado inquietud tanto dentro como fuera del país. La reacción de la sociedad civil y de las entidades defensoras de derechos humanos ha sido mantenerse alertas y solicitar el resguardo de los derechos esenciales.
Riesgos, agresiones y falta de justicia hacia periodistas
Entre 2001 y finales de 2024, más de cien periodistas y comunicadores han perdido la vida de manera violenta en Honduras, con una tasa de impunidad que excede el 90 %. Las amenazas, el acoso y las restricciones en plataformas digitales se han establecido como las maneras más comunes de agresión, afectando tanto a comunicadores individuales como a organizaciones mediáticas en varias partes del país. En los últimos años, se han reportado ataques a 64 medios, lo que indica un patrón constante de hostigamiento y criminalización.
Las dificultades económicas que afectan a los medios han impactado su funcionamiento y autonomía editorial, forzando a algunos a disminuir sus operaciones o incluso a clausurar. La presión judicial y la escasez de recursos han sido elementos clave en esta fragilidad. Entidades internacionales han clasificado a Honduras entre los países con las condiciones más adversas para la práctica del periodismo en América Latina, ubicándolo en posiciones retrasadas en los rankings mundiales de libertad de prensa.
En este contexto, tanto entidades nacionales como internacionales han exhortado al gobierno de Honduras a asegurar la protección de los periodistas y a mantener el respeto por la libertad de expresión, viéndolos como componentes fundamentales para la democracia y el estado de derecho.
Iniciativas institucionales y reacción social
En mayo de 2025, las Fuerzas Armadas de Honduras llevaron a cabo una ofensiva mediática dirigida contra periodistas críticos, utilizando su órgano oficial de comunicación para descalificar públicamente a reconocidos comunicadores. En una edición reciente de su periódico institucional, se dedicaron varias páginas a señalar a tres periodistas, acompañando las acusaciones con imágenes y calificativos que los identificaban como enemigos del Estado, sin aportar pruebas concretas.
Este acontecimiento provocó una respuesta rápida por parte del gremio periodístico y las organizaciones de derechos humanos, quienes repudiaron la campaña al considerarla un ataque institucional sin precedentes desde los niveles más altos del poder militar y gubernamental. La comunidad de periodistas junto con varios sectores de la sociedad hondureña ha sostenido una posición de alerta, demandando claridad y respeto a los derechos fundamentales, así como el fin de cualquier tipo de intimidación hacia la prensa independiente.
La situación del periodista Rodrigo Wong Arévalo, mencionado en un anuncio emitido por la Secretaría de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, ha captado el interés de la sociedad y ha provocado expresiones de apoyo de entidades tanto nacionales como internacionales. El anuncio, visto como amenazante, fue una respuesta a los comentarios de Wong Arévalo sobre supuestas anomalías en la utilización de fondos públicos. Diferentes sectores han remarcado que la tarea de informar y llevar a cabo una supervisión de las entidades es un componente fundamental de la democracia.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha solicitado al Estado evitar declaraciones que puedan intimidar de manera directa o indirecta a reporteros y medios, resaltando el deber estatal de resguardar la libertad de pensamiento y expresión. Este tipo de situaciones ha sido visto como un esfuerzo por restringir el trabajo informativo y crítico del periodismo nacional, lo cual ha aumentado la inquietud sobre el uso del poder estatal para reducir el ejercicio periodístico en Honduras.