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En Honduras, el incidente de Koriun Inversiones ha generado gran inquietud en la población debido a la falta de respuestas concretas y medidas decisivas por parte del Estado. A más de tres meses de revelarse el masivo fraude financiero, miles de personas afectadas siguen sin recuperar sus ahorros y sin ver a los responsables enfrentando consecuencias legales. La falta de progreso evidente en las pesquisas, junto al mutismo del Ministerio Público y la pasividad del gobierno, ha levantado sospechas sobre un posible encubrimiento o protección política que impide que se haga justicia de manera efectiva.
Al mismo tiempo, especialistas en leyes y figuras influyentes han mostrado su oposición a la propuesta de que el gobierno use fondos públicos para compensar a las personas afectadas por este engaño privado. Se señala que tal medida podría ser ilegal y contraria a la constitución, además de presentar importantes riesgos fiscales y políticos. En este escenario, la demanda social insiste en que el procedimiento se desarrolle en el marco judicial, con claridad y evitando que se transforme en una acción populista que ponga en peligro la legalidad y la gestión prudente de los recursos del estado.
El debate acerca de la reacción gubernamental frente al fraude Koriun
El esquema piramidal de Koriun Inversiones operó durante años prometiendo rendimientos mensuales del 20 %, sin regulación ni supervisión oficial. A pesar de la incautación de más de 358 millones de lempiras por parte del Ministerio Público, las investigaciones no han avanzado hacia la judicialización de los líderes del fraude ni se han esclarecido el manejo de los bienes incautados. Esta situación ha generado una creciente indignación entre las familias afectadas, que han perdido ahorros, préstamos e incluso viviendas, y que demandan justicia, transparencia y la devolución de sus fondos.
La inacción y el aparente desinterés del Gobierno y de la Fiscalía han incrementado la percepción de la existencia de una protección política que bloquea el esclarecimiento completo del asunto. Diferentes voces desde sectores sociales y jurídicos han expresado que la ausencia de detenidos y la gestión poco transparente de los bienes confiscados indican una negligencia gubernamental que podría estar contribuyendo a la impunidad. La ciudadanía sigue persistente en su demanda de actuar con rapidez y sin influencias políticas para asegurar que los responsables enfrenten sanciones legales.
Consecuencias legales y económicas del posible uso de fondos públicos para compensaciones
Especialistas legales y financieros han señalado que el empleo de dinero estatal para resarcir a quienes sufrieron daños por Koriun podría ser un acto de desvío indebido de fondos públicos, especialmente en ausencia de un marco normativo ratificado por el Congreso que lo autorice. Autoridades que aprueben desembolsos sin el sustento legal necesario podrían enfrentar cargos penales por abuso de poder y negligencia en sus funciones. Asimismo, esta obligación podría desestabilizar el presupuesto gubernamental, impactando sectores clave como la salud y la educación, y enviar una señal que podría alentar la tolerancia hacia futuros engaños financieros.
Grupos de la sociedad civil han pedido al Gobierno que haga pública la fuente legal y financiera de cualquier posible pago, que se divulguen los verdaderos avances del caso y se presente la lista de culpables junto con sus bienes confiscados. Se subraya la importancia de que el proceso permanezca estrictamente dentro del ámbito judicial, evitando que se transforme en una acción con objetivos políticos o populistas. La demanda principal es que el Estado no cargue con la responsabilidad económica de un fraude privado, para no convertirse en cómplice ni en infractor de la ley.