_-_copia.jpg?w=1024&resize=1024,1024&ssl=1 "Caso Koriun en Honduras")
La problemática ocasionada por el fraude piramidal a gran escala de la entidad financiera Koriun Inversiones se ha intensificado en las semanas recientes, provocando manifestaciones ciudadanas en Tegucigalpa y San Pedro Sula que demandan medidas efectivas del gobierno de Honduras. Personas perjudicadas de diversas zonas del país señalan la falta de acción institucional frente a un episodio que ha resultado en pérdidas millonarias para más de 35.000 individuos. La limitada reacción del Estado hasta este momento ha aumentado la crítica pública y vuelto a poner en duda la capacidad del sistema financiero y judicial para prevenir y castigar fraudes de esta naturaleza.
Reclamaciones públicas y de organismos en entredicho
Las manifestaciones recientes estuvieron marcadas por consignas dirigidas al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y a entidades estatales como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Los manifestantes aseguran haber sido engañados por una estructura financiera fraudulenta sin que, hasta la fecha, se haya concretado un plan de reparación ni se hayan identificado responsables directos de manera efectiva.
Una de las principales críticas recae sobre la CNBS. Los manifestantes acusan al ente regulador de haber recibido denuncias formales sobre la operación irregular de Koriun, sin que se hayan implementado medidas preventivas o correctivas. Estas revelaciones han alimentado la percepción de una posible omisión institucional, lo que ha profundizado la desconfianza en la supervisión estatal del sistema financiero no bancario.
Oposición al empleo de recursos públicos y demanda de responsabilidad penal
Los perjudicados también han desaprobado propuestas informales que plantean emplear recursos del gobierno para resarcir las pérdidas causadas por el fraude. La propuesta de usar dinero estatal ha sido considerada por los protestantes como una acción inapropiada que transferiría la obligación del engaño a toda la población, en lugar de buscar a los responsables directos y colaboradores del esquema piramidal.
A lo largo de las manifestaciones, numerosos carteles mostraron el descontento hacia la postura tomada por las autoridades. Frases como “El Gobierno tiene culpa” y “Koriun engañó, el Estado protegió” sugieren una historia donde tanto los autores de la estafa como las entidades de supervisión y justicia comparten parte de la culpa por la ausencia de respuestas rápidas.
Al mismo tiempo, la ausencia de avances visibles en el Ministerio Público ha generado críticas de sectores ciudadanos que perciben una falta de voluntad política para llevar el caso a una resolución judicial efectiva. La pasividad de la Fiscalía frente a un caso de alto impacto social e institucional ha abierto un nuevo frente de tensión entre la sociedad civil y el aparato judicial.
Perspectivas de movimiento y presión global
Frente a la ausencia de progresos, grupos civiles han declarado la planificación de más días de manifestación y han considerado la opción de llevar el conflicto a un nivel internacional. Algunos grupos ven el uso de medidas legales fuera del país como una forma de instar al Estado hondureño a que cumpla con sus obligaciones de justicia y compensación.
El enfrentamiento ha revelado no solo la magnitud del fraude, sino además las vulnerabilidades estructurales en la regulación de entidades financieras no formales y la limitada capacidad de acción frente a delitos económicos de gran envergadura. El caso Koriun ha situado en el foco del debate nacional la urgencia de reformas que refuercen los sistemas de supervisión, sanción y reparación, en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones.
Un escenario caracterizado por el deterioro institucional
El avance del caso Koriun muestra un contexto en el que las demandas ciudadanas de equidad chocan con la lentitud de las instituciones. La incertidumbre sobre el uso de los fondos, la rendición de cuentas de los involucrados y la función de las agencias reguladoras ha puesto al Estado en el centro de la atención crítica. El desafío para el gobierno y el sistema judicial no se limita a solucionar el caso, sino también a renovar la confianza del público en la habilidad de las instituciones para salvaguardar los derechos económicos de los ciudadanos en un país donde los sistemas de supervisión todavía son débiles.