sábado, junio 14

Gobierno de Xiomara Castro bajo presión por falta de CICIH

La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) no será parte del legado de la administración de Xiomara Castro. Pese a haber sido anunciada como un eje central de su propuesta de gobierno, la iniciativa no logró concretarse y quedará fuera del actual período presidencial, que concluye en enero de 2026. Con esta renuncia tácita al proyecto, el Gobierno cierra un capítulo que había generado expectativas significativas en la ciudadanía en torno a la lucha contra la corrupción.

El proceso para establecer la CICIH estuvo caracterizado por repetidos retrasos, extensiones que no llevaron a resultados y conversaciones paralizadas con las Naciones Unidas. El reconocimiento formal del descalabro, comunicado por el exministro de Relaciones Exteriores Enrique Reina, apunta a una mezcla de razones que, en su opinión, incluyen tanto impedimentos legislativos como elementos externos. Sin embargo, para varios grupos de la sociedad, esta justificación no es suficiente.

El compromiso no cumplido que debilitó la confianza

Diversas opiniones de la sociedad civil y del ámbito internacional concuerdan en asignar la responsabilidad central a la administración presente. Para expertos y observadores del proceso, el inconveniente no radicó en la ausencia de condiciones exteriores, sino en la falta de voluntad política del Ejecutivo para honrar los compromisos establecidos.

Desde este ángulo, el no establecimiento de la CICIH es una opción deliberada y no un suceso ineludible. Así lo indicó Juan Jiménez Mayor, antiguo portavoz de la MACCIH, quien criticó abiertamente al Gobierno por no cumplir una promesa que creó grandes expectativas. A estas críticas también se unió Gabriela Castellanos, líder del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien subrayó que el partido oficialista utilizó la CICIH como herramienta electoral sin intención genuina de avanzar en su implementación.

Una agenda anticorrupción sin sostén institucional

El retiro de la CICIH del escenario nacional tiene implicaciones que trascienden el plano administrativo. La ausencia de avances concretos ha alimentado la percepción de que la lucha contra la corrupción carece de instrumentos efectivos y de compromiso gubernamental. La credibilidad del Ejecutivo en este tema se ve comprometida, en un momento donde las demandas por transparencia y rendición de cuentas continúan siendo urgentes.

Con un panorama institucional que ya no incluye la implementación del mecanismo internacional, Honduras deja pasar una oportunidad importante para abordar la impunidad de manera estructural. El tiempo que queda en el presente mandato hace poco probable cualquier esfuerzo sustancial para cambiar esta situación, dejando a los ciudadanos con expectativas incumplidas y sin una solución inmediata que supla la falta del proyecto.

Lo que al principio se mostró como un emblema de cambio en el sistema político ha acabado siendo otro pendiente en la lista de promesas sin cumplir, debilitando de este modo el relato del gobierno sobre el combate a la corrupción y generando un nuevo ámbito para el escepticismo ciudadano.