_-_copia.jpg?w=1024&resize=1024,1024&ssl=1 "CNE y Fuerzas Armadas")
La confiabilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras en su papel de protectores del sistema electoral ha sido centro de un vigoroso debate público desde las elecciones primarias realizadas el 9 de marzo de 2025. Varios grupos sociales y partidos opositores han expresado su inquietud por diversas fallas logísticas, especialmente en el reparto de los materiales electorales en ciudades importantes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se registraron retrasos de hasta doce horas en la entrega de las urnas electorales. Esta situación provocó extensas filas de electores, manifestaciones del pueblo y un ambiente de frustración generalizada, reflejada tanto en las casillas de votación como en las redes sociales, donde se compartieron imágenes y relatos sobre la falta de insumos y poca presencia de personal en los lugares de votación.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió públicamente los problemas en la distribución, señalando que fueron causados por alteraciones de última hora en los medios de transporte, al cambiar de camiones a autobuses, lo cual impactó la organización y el cumplimiento del calendario. A pesar de los intentos del CNE por manejar la situación y encontrar urnas perdidas, el malestar persistió, particularmente en la capital, donde al ampliar el horario de votación no se logró cumplir con las expectativas de los ciudadanos que esperaban ejercer su derecho al voto.
Dudas sobre la función de las fuerzas armadas en las elecciones
En este marco, el Ejército reafirmó su compromiso con la democracia y la transparencia en las elecciones, asegurando que seguirían el calendario establecido por el CNE. El Ejecutivo, a su vez, otorgó un apoyo total a los militares, subrayando su rol en la seguridad y organización del proceso electoral. No obstante, la presidenta del CNE, Cossette López, indicó que las Fuerzas Armadas no asumieron la responsabilidad por los atrasos y denunció haber recibido insultos del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Esta disputa institucional entre el CNE y el Ejército aumentó las inquietudes sobre la imparcialidad y la eficiencia del proceso electoral planeado para noviembre de 2025.
La normativa legal en Honduras, específicamente el artículo 272 de la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas la tarea de asegurar la alternancia en el poder y la responsabilidad de la custodia, transporte y supervisión de los materiales electorales, en coordinación con el CNE. No obstante, hay restricciones claras para los integrantes de las Fuerzas Armadas, como no intervenir en las funciones de las Juntas Receptoras de Votos, no influir en el voto, no participar en actividades partidarias, y no retrasar sin motivo el traslado del material electoral. A pesar de estas limitaciones, la estructura institucional actual mantiene a los militares como garantes de la democracia, lo cual es inusual a nivel global y, según algunos estudios, evidencia la debilidad y la baja calidad democrática del país.
Propuestas de reforma y debate sobre la participación militar
A raíz de los sucesos recientes, se han incrementado las iniciativas de reforma constitucional para reducir o eliminar la función de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales. El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos ha propuesto la necesidad de trasladar las funciones electorales a autoridades civiles, sosteniendo que los procesos electorales deben ser gestionados exclusivamente por estas entidades. Asimismo, el diputado Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó una propuesta para modificar el artículo 272 de la Constitución, buscando limitar el papel militar en asuntos electorales y fortalecer la institucionalidad civil. No obstante, esta iniciativa ha provocado opiniones divididas, incluso dentro de su propio partido y entre sectores de la oposición, quienes ven la propuesta como un intento del oficialismo de concentrar el poder.
La discusión sobre el papel de los militares durante los procesos electorales se ha intensificado debido a la percepción de que la independencia del CNE podría estar amenazada, además del historial de intervenciones por parte de las fuerzas armadas en la política de Honduras. Entidades como el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) han propuesto que la modificación del artículo 272 debería incluir una redefinición más extensa de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, estableciendo claramente sus deberes y fortaleciendo el control civil sobre la institución militar. Las propuestas también contemplan el reforzamiento de la Secretaría de Defensa y la revisión de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, con el fin de avanzar hacia un control democrático real y minimizar la influencia militar en la política.
El debate acerca del papel de las Fuerzas Armadas en los comicios de Honduras sigue siendo un asunto primordial en la agenda política, con demandas de reformas que aseguren la independencia y transparencia del proceso electoral. La confianza en la integridad del sistema electoral es vista como crucial para la estabilidad democrática del país y la discusión actual destaca la necesidad de fortalecer las instituciones civiles y asegurar elecciones libres y transparentes.