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La reciente propuesta de ley en Honduras impulsada por legisladores del Partido LIBRE ha causado gran controversia en el panorama político y económico del país. Estos congresistas han intentado implementar rápidamente y sin acuerdo la Ley de Justicia Tributaria, una medida que ha sido centro de disputas debido a sus posibles impactos en la inversión y el trabajo. La estrategia intentó aprovechar la ausencia parcial de diputados opositores para forzar su aprobación en el último debate; sin embargo, la falta de quórum y la respuesta de los contradictorios impidieron que esta acción se llevara a cabo.
Antecedentes y respuestas sobre la Ley de Equidad Fiscal
El intento de implementar rápidamente la Ley de Justicia Tributaria por parte de los legisladores del Partido LIBRE fue visto como un esfuerzo para establecer una agenda fiscal sin el acuerdo necesario. La táctica consistía en aprovechar un momento en que parte de la oposición no estaba presente en el parlamento para aprobar la ley en su tercera y última discusión. No obstante, esta acción no se llevó a cabo debido a la ausencia de quórum y a la pronta reacción de los legisladores opositores que impidieron la votación. Este suceso ha puesto de manifiesto la división política en el Congreso de Honduras y la resistencia de la oposición a una ley que consideran dañina para el país.
El rechazo a la Ley de Justicia Tributaria no solo surge desde el ámbito político, sino también desde los sectores empresariales y asociativos. Empresarios y líderes de gremios productivos han manifestado su inquietud por las repercusiones que podría tener esta normativa, destacando que podría desincentivar la inversión tanto nacional como internacional, lo que eventualmente podría llevar al cierre de numerosas empresas y a un incremento en las tasas de desempleo. Además, hay preocupación acerca de que esta ley pueda propiciar una centralización del poder económico bajo el control del Estado, lo que tendría un efecto relevante en la dinámica económica del país.
Activismo de los ciudadanos y miras al porvenir
La respuesta de la población ante el intento sin éxito de aprobar la Ley de Justicia Tributaria ha sido rápida, con grupos de la sociedad civil organizando protestas para exigir más transparencia, un amplio debate público y el respeto a los procedimientos legislativos establecidos. Representantes de entidades como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) han expresado su oposición a la implementación de una ley que consideran perjudicial para millones, destacando que sin un apoyo mayoritario no hay un mandato legítimo para su aprobación.
Respecto a los próximos pasos, la oposición ha declarado que seguirá insistiendo para impedir cualquier esfuerzo de aprobación que no respete los procesos legales y democráticos. Mientras tanto, el Partido LIBRE intenta reorganizar sus alianzas para intentar una vez más pasar la ley. De esta manera, el conflicto por la Ley de Justicia Tributaria permanece vigente, mostrando la dificultad del debate fiscal y político en Honduras, además de la necesidad de alcanzar acuerdos que incluyan las diferentes opiniones del país.