La reciente difusión de un narcovideo en Honduras ha intensificado las preocupaciones sobre el funcionamiento del sistema judicial del país. De acuerdo con un informe divulgado por el centro de investigación InSight Crime, el caso no solo expone vínculos entre figuras del narcotráfico y actores cercanos al poder, sino que también confirma un patrón preocupante: la utilización de la justicia como herramienta política.
Esquemas de impunidad y cacería selectiva
InSight Crime señala un entorno donde la ley se ejerce de manera desigual. Mientras algunos acusados son expuestos ante el público y enfrentan juicios expeditos, otros, supuestamente relacionados con el gobierno actual, logran evadir la justicia o incluso cuentan con apoyo institucional. Este comportamiento, alerta el reporte, no es desconocido en la región, pero en Honduras ha llegado a ser especialmente alarmante en meses recientes.
El reporte también señala similitudes con situaciones autoritarias vistas en naciones como Venezuela y Nicaragua, donde el sistema judicial ha sido captado por intereses políticos para garantizar impunidad a los aliados y penalizar a los opositores. La situación en Honduras, según el centro de estudios, avanza en esa dirección, lo cual pone en riesgo directamente el Estado de derecho.
Respuestas críticas y solicitud de supervisión internacional
La respuesta al informe fue inmediata. Líderes políticos opositores, abogados y activistas de derechos humanos han resaltado que el uso de la justicia como herramienta amenaza la credibilidad del sistema democrático. Esta inquietud es compartida por entidades internacionales, que han sido solicitadas para observar el desgaste institucional de la nación.
Una fuente diplomática consultada por InSight Crime advirtió que Honduras podría encaminarse hacia una grave crisis de gobernabilidad si no se restablecen las garantías mínimas de independencia judicial. La creciente desconfianza ciudadana, alimentada por la opacidad y la impunidad, ha erosionado aún más la credibilidad de las instituciones.
En esta situación, varios sectores han solicitado de manera urgente que entidades multilaterales como la OEA y la ONU continúen supervisando al país. Reclaman medidas que aseguren un sistema de justicia imparcial e independiente, libre de influencias políticas o intereses ilegales.
El escándalo del narcovideo no sólo revela un caso aislado de corrupción, sino que se ha transformado en un emblema de una justicia que, en lugar de ser imparcial, parece actuar con interés político.