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El proyecto de ley de reforma fiscal en Honduras ha suscitado un extenso debate en la nación, a raíz de las posibles repercusiones que podría ocasionar en la economía y el ámbito productivo del país. Esta propuesta, promovida por el gobierno del Partido LIBRE, se plantea como un mecanismo para enfrentar la evasión de impuestos y mejorar la recaudación del estado. Sin embargo, su contenido y alcance han sido vistos de diversas maneras por los diferentes sectores económicos y sociales.
El plan incluye la supresión de esquemas de exención fiscal, el incremento de los impuestos y la otorgación de más discrecionalidad al gobierno en la gestión de incentivos económicos. Estas acciones han sido percibidas por el sector empresarial como un indicio negativo para la inversión y la producción, lo cual ha provocado incertidumbre y preocupación en el ámbito económico de Honduras.
Impacto en la inversión privada y el trabajo
Diferentes grupos empresariales, asociaciones comerciales e inversores tanto locales como internacionales han expresado que el anteproyecto de ley podría tener un impacto negativo sobre la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) señala que si la ley se aprueba tal como está, podría disminuir considerablemente la inversión extranjera directa. Asimismo, compañías de zonas económicas especiales y del sector agroindustrial estarían considerando la posibilidad de salir del país o disminuir sus operaciones, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía del país.
Desde que se presentó el borrador de la legislación, ya se han observado cierres de negocios de pequeña y mediana escala, especialmente en los sectores de confección, logística y exportación, que operaban con beneficios fiscales. En áreas como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las fábricas han comenzado a reducir su personal, mencionando la incertidumbre fiscal como una de las razones principales. Esta coyuntura pone en peligro miles de trabajos y podría empeorar si el proyecto no es revisado o detenido. El COHEP también indica que el avance económico podría enfrentar una desaceleración severa en el año posterior a la implementación de la ley, y que el incremento del desempleo y la informalidad serían resultados inevitables de su aplicación.
Escenario regional, político y discusión sobre la equidad fiscal
El diálogo sobre la reforma de la Ley de Justicia Fiscal se lleva a cabo en un contexto específico, tanto a nivel regional como político. La supresión de los beneficios tributarios podría distanciar a Honduras de las estrategias que han permitido a países como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana preservar mecanismos efectivos para atraer inversiones y mantener estabilidad económica, vistos como elementos cruciales para su competitividad. Este escenario podría impactar la posición de Honduras en la región de Centroamérica y el Caribe, desalentando tanto a potenciales inversores como a los actuales, quienes podrían decidir trasladar su capital a naciones que ofrecen condiciones empresariales más ventajosas.
El entorno político e ideológico ha afectado la perspectiva del proyecto, puesto que ciertos grupos empresariales consideran que el discurso oficial del gobierno es opuesto al sector empresarial y está en sintonía con modelos económicos que han provocado cambios estructurales en otras naciones de la región. Esto aumenta el miedo a una posible remodelación del modelo económico nacional sin un plan técnico o una visión clara de sostenibilidad.
Por otra parte, los partidarios de la Ley de Equidad Tributaria sostienen que las exenciones fiscales han facilitado la concentración de la riqueza, disminuyendo así la capacidad gubernamental para respaldar políticas públicas enfocadas en la inclusión social y la erradicación de la pobreza. Conforme a cifras oficiales, el 92 % de las exenciones se concentra en el 10 % de las compañías más adineradas, mientras que el 90 % de las compañías restantes solo aprovechan el 8 % de estos beneficios. Desde junio de 2009 hasta diciembre de 2022, el Estado ha dejado de percibir 455 mil millones de lempiras a consecuencia de estos regímenes.
El plan no introduce nuevas contribuciones ni eleva las tasas actuales, sino que busca eliminar vacíos legales y mejorar la captación de impuestos directos de grandes compañías y patrimonios, con el fin de disminuir la desigualdad en la recaudación tributaria. No obstante, la supresión de esquemas fiscales tradicionales, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), en vigor por 40 años, podría forzar el cierre de muchas empresas que funcionan bajo este régimen. El COHEP ha indicado que la propuesta de asegurar la convertibilidad inmediata al RIT podría ser vista como una acción que impacta la liquidez y viabilidad de las empresas.
Honduras se enfrenta a un importante reto financiero
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria permanece abierta y polarizada. Mientras algunos consideran que puede sentar las bases para un sistema fiscal más justo y equitativo, otros advierten que su aprobación podría agravar la crisis económica, aumentar el desempleo y provocar la salida de capitales. La decisión final en el Congreso Nacional será determinante para el rumbo económico de Honduras en los próximos años.