.jpg?w=1024&resize=1024,1024&ssl=1 "Reforma fiscal en Honduras")
El debate acerca de la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha suscitado un acalorado intercambio de opiniones entre el sector privado, asociaciones empresariales y las autoridades del gobierno. La propuesta de reforma fiscal, promovida por la administración actual, ha sido vista por líderes empresariales como un riesgo directo para la estabilidad laboral y la continuidad de numerosas empresas en el país. La principal inquietud se centra en la eliminación de beneficios fiscales que han sido esenciales para el crecimiento de sectores como el de la maquila, la agroexportación, el turismo y la construcción, lo cual, según los empresarios, podría provocar una serie de cierres y despidos numerosos, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas.
Se anticipa que la reforma afectará no solo a las empresas, sino también tendrá repercusiones en las finanzas familiares y el entramado social de Honduras. Expertos y representantes de grupos sectoriales señalan que un descenso en la economía y la partida de compañías podrían llevar a un incremento del desempleo crónico, una expansión de la economía informal, migraciones forzadas y una caída en el consumo interno. Esta situación se complica debido al contexto actual del país, donde más de un millón de individuos buscan un trabajo digno y el trabajo informal impacta a una gran parte de los ciudadanos.
Efectos de la eliminación de incentivos fiscales y el riesgo para el empleo
La normativa de Equidad Fiscal incluye la remoción de esquemas de deducciones y beneficios tributarios, impactando a más de una decena de sectores económicos, tales como parques libres, turismo, energía alternativa y producción manufacturera. De acuerdo con cifras del ámbito empresarial, actualmente más de 400.000 trabajos directos y más de un millón de trabajos indirectos dependen de estos esquemas, especialmente en la cadena de abastecimiento y exportaciones agrícolas e industriales. La eliminación de estos estímulos podría causar el cierre de fábricas, talleres, comercios y propiedades tanto en áreas urbanas como rurales, dejando sin trabajo formal a miles de ciudadanos hondureños y elevando la presión sobre el mercado laboral informal.
El análisis del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) señala que la reforma fiscal impactaría negativamente en sectores como el turismo, la manufactura y la agroindustria. Por ejemplo, en la industria manufacturera se estima que estarían en riesgo 40.000 empleos y más de 733 millones de dólares en exportaciones, mientras que en el turismo, la afectación podría representar la pérdida de miles de empleos directos e indirectos y una disminución significativa en la inversión y salarios. Además, el aumento de los costos operativos, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, haría insostenible su permanencia en el mercado, lo que agravaría la situación de desempleo y subempleo en el país.
Impactos sociales y opciones distintas del ámbito privado
El efecto social de la reforma se prevé como irreversible, con el peligro de incrementar la pobreza, la migración forzada y la desconfianza tanto a nivel nacional como internacional. El aumento del sector informal y la disminución de empleos formales con beneficios de seguridad social podrían empeorar la calidad de vida y los ingresos fiscales, impactando a toda la sociedad hondureña. La inquietud de los empresarios se enfoca en el impacto en cadena sobre la estabilidad social, señalando que la eliminación de oportunidades laborales podría empobrecer aún más al país.
En este contexto, el ámbito privado ha presentado opciones, como bajar el Impuesto sobre Ventas (ISV) del 15 % al 12 %, con la finalidad de dejar más dinero en manos de los ciudadanos de Honduras, impulsar el crecimiento económico y crear empleo. También proponen que, en vez de suprimir los incentivos para todos los sectores, se lleven a cabo auditorías y supervisiones a las compañías que están exentas de impuestos y que presenten irregularidades, utilizando las potestades que ya ofrece la normativa actual. El sector empresarial recalca la importancia del diálogo y la consulta con todos los agentes productivos antes de aprobar una reforma con posibles consecuencias permanentes para el desarrollo económico y social del país.
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria sigue siendo acalorada, con urgentes llamados al Congreso Nacional para que examine detenidamente el texto de la ley y evite tomar decisiones que puedan agravar los problemas estructurales de Honduras, tales como el desempleo, la pobreza y la migración.