_-_copia.jpg?w=1024&resize=1024,1024&ssl=1 "Tensión política en Honduras")
El partido Libertad y Refundación (LIBRE), en el poder desde 2022, enfrenta nuevas acusaciones por impulsar reformas estructurales de alto impacto sin procesos amplios de consulta ni transparencia legislativa. Las críticas surgen en medio de un contexto de creciente tensión política e institucional, donde distintos sectores cuestionan el rumbo adoptado por el oficialismo para avanzar su agenda.
Dudas sobre las técnicas legislativas del partido oficialista
Diversas voces del ámbito político, empresarial y de la sociedad civil han expresado su preocupación por lo que consideran una estrategia de imposición legislativa por parte del oficialismo. Bajo el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro y con figuras centrales como Héctor Zelaya y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el partido LIBRE ha sido señalado por utilizar mecanismos que presuntamente eluden el debido proceso parlamentario.
Un caso bastante polémico está relacionado con la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto de ley que posee repercusiones importantes en el ámbito fiscal. De acuerdo con las acusaciones, esta disposición ha progresado sin informes técnicos disponibles al público ni un proceso extensivo de consulta con los sectores interesados. También se señala la posibilidad de que la propuesta sea aprobada en encuentros acelerados, sin la confirmación formal de las actas legislativas pertinentes.
El uso poco claro de estos procedimientos ha sido considerado por expertos como un peligro para la democracia institucional. Un analista experto en derecho constitucional consultado mencionó que recurrir a métodos «dudosos, e incluso ilegales» para implementar cambios profundos sin apoyo político o técnico constituye una amenaza directa al Estado de derecho.
Respuestas del ámbito privado y de los partidos opositores
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha expresado su inquietud por estas acciones, señalando que podrían debilitar la confianza en el entorno de inversión, tanto a nivel nacional como internacional. En un contexto donde Honduras se enfrenta a retos económicos como el desempleo y la falta de crecimiento, los empresarios consideran que este tipo de medidas legislativas podría intensificar la incertidumbre económica.
Desde el sector parlamentario opositor también se han reportado anomalías. Diputados en desacuerdo afirman que se han publicado normas en el diario oficial La Gaceta sin seguir los protocolos establecidos, como la aprobación oficial de las actas legislativas. De acuerdo con sus declaraciones, esto infringe el principio de legalidad que gobierna las acciones del Congreso y pone en riesgo la validez de las reformas realizadas bajo esas circunstancias.
Las tensiones entre el oficialismo y la oposición, junto con el alejamiento de sectores cruciales como el empresarial y las organizaciones civiles, muestran una polarización en aumento en el ámbito del poder legislativo, donde las conversaciones políticas han sido reemplazadas por interacciones conflictivas.
Encrucijada institucional y rol de la ciudadanía
En la actualidad, surgen preguntas sobre la solidez del sistema democrático en Honduras. La manera en que se manejan las reformas legales pone de manifiesto las tensiones constantes entre el impulso del oficialismo por un cambio estructural y la exigencia de legalidad, transparencia y participación por parte de otros grupos políticos y sociales.
La presión ejercida por la sociedad civil organizada, junto con el examen continuo por parte de los medios de comunicación y observadores institucionales, se destacan como aspectos fundamentales para contener acciones legislativas que puedan amenazar la democracia. La carencia de acuerdos en reformas significativas no solo incrementa la desconfianza en las instituciones, sino que también compromete la gobernabilidad en una nación caracterizada por la debilidad institucional y la histórica falta de unidad entre los poderes del Estado.
Dentro de este escenario, Honduras se enfrenta al desafío de establecer mecanismos de discusión y control parlamentario que aseguren que sus procesos sean legales y que integren a los sectores sociales que se ven afectados por las políticas públicas, sobre todo en lo que respecta a cambios que afectan el modelo fiscal y económico de la nación.