Varios grupos dentro de la sociedad hondureña y entidades internacionales muestran preocupación por el dominio institucional que el oficialismo tiene, en un contexto político caracterizado por tensiones en torno a la gobernabilidad y la democracia.
Fortalecimiento del control en entidades principales del Estado
Desde que comenzó la administración liderada por la presidenta Xiomara Castro, el partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha aumentado su poder en las instituciones clave del Estado. El impacto del gobierno ha alcanzado al Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Tribunal Superior de Cuentas.
De acuerdo con denuncias de la oposición, varios de estos nombramientos se han realizado sin respetar los procedimientos legislativos establecidos y en el marco de acuerdos políticos sin transparencia. La diputada Maribel Espinoza, miembro de la bancada opositora, señaló que el propósito del partido en el poder va más allá de gobernar, al advertir que busca “controlar todo”, incluyendo instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Registro Nacional de las Personas (RNP) y las Fuerzas Armadas.
El crecimiento del poder de las instituciones genera cuestionamientos acerca del balance entre los poderes del Estado y la efectividad de los mecanismos democráticos para el control político.
Advertencias sobre amenazas a la democracia y denuncias de hostigamiento
Especialistas y organizaciones de análisis han alertado que la centralización del poder podría provocar un debilitamiento de la democracia en su estructura. El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) ha indicado que esta tendencia afecta la autonomía de las ramas del gobierno y puede promover un sistema gubernamental con características autoritarias.
Los paralelismos con otros contextos latinoamericanos han sido recurrentes en el debate público. Algunos analistas comparan la situación hondureña con los procesos vividos en países como Nicaragua y Venezuela, donde la captura de instituciones por parte del oficialismo ha derivado en restricciones a la participación política y en la reducción de espacios para la oposición.
A este escenario se suma la preocupación por el trato hacia sectores independientes, particularmente medios de comunicación y actores empresariales. Reportes recientes señalan un aumento de la presión contra periodistas críticos, como el caso del comunicador Rodrigo Wong Arévalo, y campañas gubernamentales que cuestionan abiertamente a ciertos grupos empresariales, a quienes se identifica como “las 10 familias”.
Las organizaciones de ámbito nacional e internacional han señalado que estas medidas podrían constituir un patrón que busca desalentar la crítica y restringir la diversidad de opiniones en la discusión pública.
Llamados a la vigilancia internacional y advertencias desde la sociedad civil
Ante tal escenario, diversas entidades han hecho llamados a la comunidad internacional, especialmente a cuerpos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU), para que continúen vigilando de manera activa la situación política en Honduras.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresó en un comunicado que el pueblo debe estar vigilante ante los peligros de la concentración del poder político. En el mismo mensaje, la organización afirmó que cuando «el poder se acumula en una sola persona, la libertad corre riesgo», y solicitó que se asegure un proceso electoral libre y claro en las elecciones programadas para noviembre de 2025.
En este contexto de creciente desconfianza en las instituciones y demanda de seguridades democráticas, se debate el rol de los actores internacionales como aseguradores del cumplimiento de los principios constitucionales y de los derechos políticos de la población.
Un momento caracterizado por retos a la institucionalidad
La realidad actual muestra tensiones en la estructura del sistema democrático de Honduras, especialmente en lo que se refiere a la división de poderes, la responsabilidad y el acceso justo a las áreas de participación política. El incremento del control institucional por el partido gobernante ocurre en un contexto donde los mecanismos de equilibrio enfrentan restricciones para funcionar de manera independiente.
En esta situación, los meses por venir serán cruciales para medir la habilidad de las instituciones de Honduras de preservar su independencia, además del grado de receptividad del sistema político hacia la crítica y la inclusión plural en un proceso electoral que ya empieza a vislumbrarse como esencial para el destino político de la nación.