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La reciente validación de cambios al Código Penal en Honduras ha provocado preocupación en diversos ámbitos sociales y políticos del país. Estas alteraciones han sido vistas como un ajuste significativo dentro del marco legal que gobierna la protesta social, especialmente en un contexto donde se acercan las elecciones generales fijadas para el 30 de noviembre de 2025. El debate se ha intensificado debido a la percepción de que estas modificaciones podrían emplearse para restringir el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, derechos esenciales en cualquier democracia.
El Parlamento Nacional implementó ajustes que incrementan las sanciones para crímenes asociados a la manifestación social, resaltando la inclusión del artículo 378-A. Esta norma estipula que cualquier acto de protesta llevado a cabo por dos o más individuos puede resultar en un aumento de la pena de cárcel, que ahora es de seis a diez años, además de la inhabilitación total. Organismos de derechos humanos y miembros de la sociedad civil han expresado su inquietud por el posible empleo de estas modificaciones para penalizar demostraciones pacíficas y limitar las libertades de reunión y expresión.
Cambios en el código penal y su efecto en las manifestaciones sociales
Las reformas al Código Penal han suscitado críticas de entidades tanto nacionales como internacionales. El incremento de las penas para aquellos que participen en manifestaciones colectivas ha sido visto como un posible método para desalentar la movilización de la sociedad. Entidades defensoras de los derechos humanos afirman que estas acciones podrían utilizarse para restringir la participación social y el ejercicio de derechos esenciales. La inquietud se intensifica ante la posibilidad de que estas normativas sean ejecutadas en escenarios de tensión política o electoral, donde las manifestaciones ciudadanas suelen aumentar.
La vivencia de las votaciones de 2017, donde se informaron arrestos injustificados y represión de protestantes, intensifica el miedo de que escenarios parecidos puedan repetirse con la nueva normativa. En este ambiente, colectivos ciudadanos y figuras políticas han alertado sobre el peligro de que convertir la protesta en un delito se torne en un medio para controlar la disidencia y limitar la involucración ciudadana en procesos políticos importantes.
Respuestas globales y demandas de reevaluación
La inquietud por el efecto de estas modificaciones ha cruzado las fronteras del país. Instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han manifestado preocupación por las nuevas normativas del Código Penal de Honduras. Ambas organizaciones han solicitado al Gobierno revisar las enmiendas para garantizar que no se afecten los derechos esenciales de la ciudadanía.
En esta situación, sobresale la relevancia de asegurar el respeto hacia los derechos humanos y prevenir que la normativa penal se use como herramienta para suprimir la disidencia y las protestas pacíficas. El diálogo en torno al alcance y la implementación de estas reformas sigue activo, mientras varios sectores recalcan la necesidad de revisar el marco legal para garantizar la protección efectiva de las libertades fundamentales en Honduras.