_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Congreso paralelo en Honduras")
Frente a un entorno de intensificación de la polarización institucional, el líder del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, sugirió la eventualidad de excluir a legisladores de la oposición y crear un organismo legislativo alternativo si continúa la obstrucción a las propuestas del partido de gobierno. Sus comentarios, expresados durante una reunión en el hemiciclo, generaron una serie de respuestas críticas por parte de los grupos opositores y varios sectores políticos y legales del país.
Redondo denuncia obstrucción legislativa y advierte con acciones excepcionales
Luis Redondo, titular del Legislativo y parte del oficialismo, Libertad y Refundación (LIBRE), expresó su malestar ante lo que considera una obstrucción sistemática por parte de la oposición a los proyectos impulsados por su bancada. “No se puede seguir permitiendo que una minoría sabotee la voluntad popular”, manifestó, agregando que se tomarán “medidas contundentes” para garantizar el funcionamiento del Congreso.
En su discurso, Redondo puso en duda la función de los grupos opuestos al gobierno y propuso que una solución potencial podría ser la “depuración” del cuerpo legislativo. A pesar de no explicar métodos legales o de procedimiento, su advertencia implicó la formación de un Congreso alternativo si las circunstancias presentes no facilitan el progreso de la agenda parlamentaria del Ejecutivo.
La oposición acusa un intento de acumular poder
Los grupos parlamentarios del Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras (PSH) y otras bancadas opositoras respondieron rápidamente, describiendo las afirmaciones como un intento de «golpe legislativo» dirigido a concentrar el poder a favor del Ejecutivo. El legislador Tomás Zambrano acusó a Redondo de comportarse de manera autoritaria: «Este es un intento desesperado por establecer un control absoluto en manos de LIBRE. No lo vamos a permitir», declaró.
En el mismo tono, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos advirtió sobre la ilegalidad de cualquier intento de crear una instancia legislativa paralela, señalando que tal medida atentaría contra los principios del Estado de derecho. En su criterio, la amenaza compromete los equilibrios institucionales consagrados en la Constitución hondureña y podría desembocar en una crisis institucional de gran magnitud.
Conflictos legales y solicitudes de supervisión mundial
La alerta de Redondo se añade a una serie de eventos recientes que han complicado el clima político en el Congreso Nacional. Entre estos, se encuentran la aprobación de leyes sin la validación de las actas correspondientes y el empleo de procedimientos legislativos polémicos, como reuniones convocadas de manera irregular. Uno de los aspectos más controversiales ha sido la promoción de la Ley de Justicia Tributaria, rechazada por diversos sectores económicos y políticos debido a su contenido y forma.
Analistas políticos observan un viraje hacia una estrategia de confrontación por parte del oficialismo, en la que se busca aislar a la oposición en la antesala del proceso electoral general. Esta dinámica, según advierten, podría derivar en escenarios de inestabilidad institucional, al margen de los cauces legales previstos por la Constitución.
Frente a esta situación, diferentes figuras políticas y sociales han solicitado la participación o el monitoreo permanente de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las misiones diplomáticas. Un colectivo de abogados manifestó en un pronunciamiento conjunto que lo que está en debate no es solo la aprobación de una legislación, sino la propia continuidad de la división de poderes y del sistema democrático.
Un Congreso en conflicto y el reto de la institucionalidad
Las declaraciones del presidente del Legislativo abren un nuevo capítulo en la compleja relación entre el oficialismo y la oposición en Honduras. La amenaza de redefinir la composición del Congreso o establecer una instancia paralela representa un punto de inflexión en la convivencia política del país, con implicaciones que trascienden lo estrictamente legislativo.
El conflicto actual refleja los desafíos persistentes de gobernabilidad en un contexto donde las tensiones entre poderes, la fragilidad institucional y la polarización condicionan el desarrollo democrático. En este escenario, el rol de los mecanismos de control constitucional y la observación ciudadana se vuelven elementos centrales para preservar el equilibrio entre representación política y respeto a las normas del Estado de derecho.