Una nueva controversia se cierne sobre la actividad del Poder Legislativo hondureño. El presidente del Congreso Nacional Honduras, Luis Redondo, enfrenta acusaciones por la oficialización de una normativa legal en el diario oficial La Gaceta. El punto de conflicto radica en que dicha publicación, según las denuncias, se realizó sin que previamente se hubiese validado el acta de la sesión donde la ley fue aprobada, un procedimiento conocido como ratificación de acta. Esta acción, señalan, contradice las disposiciones explícitas del marco normativo parlamentario del país.
Reportes internos desde el interior del parlamento sugieren que este evento no es un incidente único. Han ocurrido situaciones similares en tiempos recientes, lo que establece un patrón de comportamientos. Esta repetición causa serias inquietudes sobre la validez de las leyes que han sido aprobadas siguiendo este método. El reglamento interno del Congreso establece claramente que ningún decreto obtiene validez legal y oficial si no ha sido precedido por la aprobación formal del acta correspondiente de la sesión en la que se decidió. Esta persistencia en un procedimiento considerado incorrecto ha levantado preocupaciones en varios grupos políticos y sociales de la nación.
Efecto sobre la estructura democrática
Un grupo de diputados de la oposición ha descrito esta acción como una «clara afrenta a la institucionalidad democrática del país». Estos legisladores opositores sostienen que tal acto erosiona significativamente el respeto al principio de legalidad, que es esencial en la creación de nuevas leyes. Ante esta situación, están evaluando la posibilidad de acudir a las instancias judiciales y constitucionales. Buscan principalmente detener lo que consideran una «dictadura parlamentaria de facto», una circunstancia que, según ellos, altera los procedimientos democráticos para la toma de decisiones.
Simultáneamente, varios analistas políticos y especialistas en derecho han expresado su inquietud. Advierten que esta táctica no solo debilita la confianza del público en el Poder Legislativo, sino que también establece un precedente altamente riesgoso. La implementación de normativas sin seguir los controles internos establecidos —diseñados precisamente para proteger la voluntad ciudadana y el procedimiento parlamentario adecuado— se percibe como una grave desviación. Un destacado abogado constitucional, al reflexionar sobre el asunto, declaró que «promulgar una ley sin la ratificación del acta es equivalente a falsificar la historia parlamentaria. Es como aprobar leyes invisibles», resaltando la gravedad de la omisión.
Solicitud a las autoridades de control y posibles repercusiones legales
Ante la gravedad de los hechos expuestos, diversas organizaciones de la sociedad civil y entidades encargadas de la supervisión legislativa han emitido un enérgico llamado. Sus peticiones se dirigen a las principales entidades de control estatal, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. El clamor es unánime: estas instituciones deben actuar con prontitud para investigar a fondo y aplicar las sanciones correspondientes a una práctica que, en su perspectiva, vulnera de forma directa el Estado de Derecho. La exigencia se centra en el restablecimiento de la legalidad y la transparencia en el ejercicio del poder.
Este acontecimiento reciente se añade a una serie de críticas que han definido el desempeño del Congreso Nacional Honduras durante la presente legislatura. La continuidad de estas irregularidades en los procedimientos legislativos podría, a mediano plazo, provocar una serie de impugnaciones legales. Tales demandas judiciales estarían dirigidas directamente a las leyes promulgadas bajo este patrón considerado irregular, lo que podría originar un escenario de notable inestabilidad jurídica y política en el país centroamericano.