.jpg?w=1024&resize=1024,1024&ssl=1 "El caso Koriun")
El reciente descubrimiento sobre la falta de acción de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ante quejas sobre presuntas anomalías de la entidad financiera Koriun ha desatado un ferviente debate público en Honduras. La confesión del presidente de la CNBS, Marcio Sierra, sobre la ausencia de una respuesta institucional ante alertas oficiales, ha causado indignación entre los perjudicados y ha cuestionado la efectividad de los sistemas de supervisión financiera en el país.
El asunto Koriun, que afecta a más de 35.000 individuos afectados, ha puesto de manifiesto la urgencia de reforzar los controles regulatorios y exigir respuestas a las autoridades pertinentes. Esta situación ha movilizado a sectores de la sociedad, organizaciones civiles y miembros del sistema financiero, quienes intentan clarificar los incidentes y prevenir que eventos similares ocurran nuevamente.
Falta de acción de las instituciones y demandas de los perjudicados
En una intervención pública, el responsable de la CNBS admitió que la entidad recibió al menos dos quejas formales sobre Koriun, pero no tomó medidas oportunas para investigar o mitigar los peligros. Esta confesión provocó una serie de reacciones en redes sociales y foros comunitarios, donde las víctimas protestaron por la desidia del gobierno y exigieron explicaciones contundentes. Los perjudicados, muchos de los cuales perdieron sus ahorros y posesiones, acusan a la CNBS de grave negligencia y de no cumplir con sus responsabilidades institucionales, señalando que las advertencias fueron desatendidas de manera deliberada.
El revuelo ha intensificado la discusión sobre la eficiencia de los mecanismos de alerta temprana y la supervisión financiera en Honduras, además de la posible existencia de complicidades o miedos políticos que podrían haber obstaculizado una intervención a tiempo. Grupos de consumidores y expertos han puesto en duda cómo una organización considerada como piramidal pudo funcionar durante tanto tiempo sin una regulación adecuada, a pesar de haber denuncias oficiales.
Como reacción, los diputados de oposición comunicaron que presentarán una moción para examinar el rol de la CNBS en el caso Koriun y convocar a su presidente para una interpelación oficial. Expertos en derecho constitucional han señalado que admitir inacción podría representar un delito de omisión en el desempeño de la función pública, dado el deber legal de intervenir ante indicios de actividad financiera fraudulenta.
Grupos de la sociedad civil han requerido la actuación urgente del Ministerio Público, la ejecución de una auditoría imparcial sobre las medidas de la CNBS y el establecimiento de un fondo específico para indemnizar a los perjudicados, empleando los bienes confiscados a los involucrados directos en el fraude. Del mismo modo, se ha solicitado la ayuda de organizaciones internacionales para resguardar los derechos de los afectados y prevenir la impunidad.
Situación de la industria bancaria y solicitud de acciones preventivas
Ante el aumento de las inquietudes de la población, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) y las entidades bancarias que operan legalmente en el país han afirmado que no tienen ningún tipo de vínculo con la financiera Koriun. Según el sector bancario, Koriun no ha sido controlada por la CNBS ni es parte del sistema bancario formal, lo que implica que los bancos no manejaron fondos ni tuvieron relaciones comerciales con tal entidad.
Koriun se mostró en plataformas sociales como un sistema de inversión prometiendo grandes beneficios, pero carecía de respaldo legal y mecanismos de control. Hoy en día, está acusada de ser un esquema piramidal que supuestamente recaudó ilegalmente millones de lempiras, perjudicando a decenas de miles de personas en Honduras.
El sistema bancario hondureño ha reiterado su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección del ahorro ciudadano. Además, ha hecho un llamado a la población para que verifique siempre que las instituciones financieras estén debidamente reguladas por la CNBS antes de realizar cualquier inversión, y a evitar caer en promesas de riqueza rápida sin respaldo.
Finalmente, tanto AHIBA como los bancos miembros han instado a las autoridades competentes a investigar a fondo el caso, sancionar a los responsables y desarrollar campañas de prevención para evitar futuras estafas, subrayando la solidez y confiabilidad del sistema bancario formal hondureño.