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El asunto de Koriun Inversiones ha provocado un extenso debate en Honduras, sobre todo después de las declaraciones del legislador Edgardo Castro en una entrevista reciente en la radio. La situación ha resaltado la gravedad del engaño, la supuesta protección por parte de instituciones y la carencia de respuestas adecuadas de las autoridades.
En la entrevista, el legislador Castro discutió cómo opera la compañía, la respuesta de las entidades y la posible participación de elementos del estado, subrayando la importancia de una investigación exhaustiva y la rapidez en ofrecer soluciones a las miles de personas perjudicadas.
Cómo operan el engaño y la falta administrativa
Durante su discurso, el legislador Castro explicó que Koriun Inversiones funcionaba de manera pública, gestionando cantidades significativas de dinero en efectivo, guardadas en cajas y bolsas en el interior de las instalaciones, sin la intervención de las autoridades. Mencionó que, a pesar del gran volumen de actividad financiera y de las largas colas de personas que acudían cada día, ni la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ni la policía, ni la fiscalía tomaron medidas para detener la operación durante años.
Castro cuestionó la ausencia de acciones por parte de las instituciones responsables y sugirió que la falta de intervención podría estar relacionada con la protección de funcionarios de alto nivel. Según su análisis, la investigación sobre el caso se detuvo rápidamente y no se ha profundizado en la identificación de los responsables ni en la localización de posibles fondos ocultos. El diputado también mencionó la presencia de extranjeros vinculados al esquema, quienes manejaban grandes cantidades de dinero sin restricciones, lo que, a su juicio, solo es posible con respaldo desde el gobierno.
Consecuencias políticas y sugerencias para la investigación
El legislador afirmó que la protección a Koriun Inversiones podría implicar a funcionarios de varios niveles, como alcaldes, fiscales y políticos, lo que habría permitido que el fraude continuara. Indicó que algunas figuras públicas respaldaron a la firma y que el Ministerio Público debió haber llamado o arrestado a aquellos que facilitaron su funcionamiento. También mencionó la presencia de estructuras organizadas para encubrir acciones ilegales y la carencia de transparencia en la administración de las entidades estatales.
Castro sugirió que la Fiscalía ofrezca incentivos económicos a aquellas personas que reporten actividades corruptas, creyendo que este método podría estimular la participación ciudadana y ayudar a identificar a los culpables en situaciones similares a la de Koriun Inversiones. Además, mencionó el problema de la corrupción en otras áreas del gobierno, como el ámbito de la salud y el registro civil, indicando que la venta de datos y el mal uso de fondos son prácticas comunes que minan la confianza de la población.
Durante su evaluación, el legislador relacionó el asunto de Koriun Inversiones con un panorama más extenso de impunidad y corrupción, en el cual las investigaciones no progresan hacia los verdaderos autores y los sistemas de control institucional son inadecuados. Criticó la ausencia de medidas específicas para recuperar los recursos y penalizar a los involucrados en el fraude, además de señalar la incidencia de intereses políticos y económicos en la toma de decisiones dentro de las instituciones.
El asunto de Koriun Inversiones, tal como lo expresó el diputado Castro, muestra la importancia de reforzar el control gubernamental, asegurar la autonomía de las pesquisas y fomentar la claridad en la administración pública para prevenir que se repitan eventos semejantes y para recuperar la confianza de la gente en las instituciones del país.