.jpg?w=1024&resize=1024,1024&ssl=1 "Ley de Justicia Tributaria")
El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha intensificado la discusión social y política. Diversos sectores han expresado su preocupación, argumentando que la iniciativa, promovida por el Partido LIBRE, va más allá del ámbito fiscal y se emplea como una herramienta política para fracturar a la sociedad hondureña. Líderes sociales, empresarios, trabajadores y representantes comunitarios sostienen que el discurso oficial señala a ciertos grupos empresariales como culpables de las dificultades económicas del país, fomentando así, según ellos, el enfrentamiento entre los sectores más vulnerables y las áreas productivas.
Este contexto ha generado preocupación por el posible impacto de la ley en la cohesión social y el bienestar económico. La polémica se ha visto alimentada por la percepción de que la ley busca etiquetar a quienes emprenden o generan empleo como enemigos del pueblo, desviando la atención de problemas estructurales y de la eficiencia estatal. Analistas advierten que esta estrategia podría paralizar la inversión, incrementar el resentimiento social y debilitar el tejido social, afectando negativamente el empleo y el bienestar común.
Historia de separación y respuestas sociales
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria ha provocado un ambiente de enfrentamiento entre el gobierno y el sector privado, reflejado en choques tanto en el Congreso Nacional como en los discursos públicos. Líderes empresariales han tachado la iniciativa de perjudicial y con malas intenciones, sosteniendo que favorece el conflicto y la discriminación en lugar del consenso y el diálogo. Se indica que la eliminación de incentivos y exenciones fiscales impactará de manera directa a los sectores productivos, aumentando los costos de producción y, por lo tanto, los precios de alimentos y servicios esenciales para la población.
El clima de polarización ha quedado evidenciado en episodios de conflicto en el Congreso, donde la discusión sobre el proyecto de ley ha llevado a choques entre congresistas del oficialismo y de la oposición, evidenciando la magnitud de las divisiones políticas e institucionales en la nación. A su vez, ciertos académicos reconocen que la propuesta podría ser ventajosa si se aplica con transparencia y participación de múltiples sectores, pero señalan que la ausencia de información precisa y la sensación de imposición crean incertidumbre y desconfianza en la población.
Consecuencias en la economía y llamado a la cohesión del país
Los impactos económicos que mencionan los sectores críticos abarcan la potencial pérdida de trabajos por cierres de negocios y menos inversiones, el alza de la pobreza debido al encarecimiento de productos básicos y el empeoramiento del entorno económico, lo que podría incentivar la migración y los conflictos sociales. Empresarios y líderes gremiales afirman que la ley supone un ataque directo al empleo y la inversión, alertando sobre el peligro de repetir experiencias negativas de otras naciones de la región donde reformas semejantes han debilitado el tejido empresarial y social.
Ante esta situación, distintos sectores han apelado al Congreso Nacional y a la población para prevenir la fragmentación impulsada por discursos políticos, destacando que la auténtica justicia social se alcanza con el desarrollo económico, la inversión responsable y la creación de oportunidades para todos, no mediante leyes coercitivas ni campañas de enfrentamiento. Por otro lado, el gobierno afirma que la ley pretende ajustar beneficios fiscales antiguos y robustecer los sistemas de seguridad social, subrayando la importancia de la unidad nacional para progresar hacia el bienestar común.