_-_copia.jpg?w=1024&resize=1024,1024&ssl=1 "Validación biométrica en Honduras")
La exigencia de adoptar la comprobación biométrica para usuarios de teléfonos móviles en Honduras ha desatado un debate considerable en varios sectores, abarcando el político, legal y social. Esta disposición, impulsada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), requiere que los ciudadanos verifiquen sus datos biométricos antes del 1 de junio de 2025 para conservar sus líneas de teléfono activas. Si no se cumple con esta condición, existe la posibilidad de perder los números existentes, generando preocupación entre la población y diversos grupos.
El procedimiento de verificación biométrica requiere que las personas envíen una imagen de su cara y su Documento Nacional de Identidad (DNI) para autenticar su identidad. Desde CONATEL se sostiene que esta estrategia pretende combatir crímenes como el chantaje y el uso de teléfonos anónimos, los cuales complican el trabajo de las autoridades. No obstante, esta acción ha suscitado dudas respecto a su legitimidad, claridad y potenciales impactos en la privacidad de la población.
Controversias legales y políticas en torno a la validación biométrica
Distintas figuras políticas y sectores sociales han manifestado su inquietud acerca de la legalidad y el tratamiento de los datos biométricos recopilados. El legislador Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras (PSH), ha indicado que la acción carece de un soporte legal suficiente, llamándola «totalmente ilegal» y aconsejando a los ciudadanos que no acaten la normativa hasta que se disponga de un marco normativo claro para regular la recolección y el uso de datos biométricos por parte de CONATEL. Esta opinión evidencia un desacuerdo sobre la legitimidad de la medida y la salvaguarda de derechos fundamentales.
Por su parte, Roberto Montenegro, líder del Partido Alianza Patriótica, ha expresado preocupaciones acerca del uso político potencial de los datos biométricos, especialmente en un año de elecciones. Montenegro afirma que solo el Registro Nacional de las Personas (RNP) posee la autoridad legal para manejar información biométrica, lo que cuestiona la capacidad de CONATEL para implementar esta propuesta. Estas críticas destacan la inquietud por la posible manipulación política de información sensible y la necesidad de asegurar la protección y privacidad de los ciudadanos.
En su respuesta, el presidente de CONATEL, Lorenzo Sauceda, ha justificado la decisión indicando que es lícita, clara y respetuosa. También ha desmentido que la validación biométrica tenga propósitos electorales y ha puntualizado que el proceso es administrado por las compañías telefónicas, no directamente por el gobierno. Además, ha mencionado que no se está desarrollando una nueva base de datos estatal y que los datos recopilados no se usarán para objetivos diferentes a los especificados, intentando así eliminar las preocupaciones sobre el manejo de la información.
Vistas futuras y siguientes movimientos en la discusión sobre la verificación biométrica
CONATEL ha sido convocada a comparecer ante la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional el 28 de mayo de 2025 para explicar los fundamentos técnicos y legales de la validación biométrica. Esta sesión será clave para abordar las preocupaciones relacionadas con la privacidad, la legalidad y la transparencia del proceso, y podría influir en la continuidad o modificación de la medida.
La discusión pública ha generado un extenso intercambio en plataformas sociales y comunidades de ciudadanos, donde numerosos participantes han mostrado su inconformidad y preocupación por la potencial invasión a su privacidad y la falta de transparencia en la ejecución. Algunos incluso han indicado su intención de no acatar la validación, dudando de la habilidad de las autoridades para desactivar millones de líneas telefónicas sin causar serios perjuicios en las comunicaciones del país.