Juristas internacionales y expertos independientes concuerdan en que el video filtrado, que intenta ligar al general retirado Romeo Vásquez Velásquez con organizaciones delictivas, carece de validez legal en las cortes federales de Estados Unidos, lo que debilita uno de los argumentos principales que sectores oficialistas han utilizado para atacar al exmilitar.
De acuerdo con expertos entrevistados por prensa internacional, el material no tiene verificación forense, marco legal ni vínculo probatorio, lo que lo descalifica como prueba en el sistema judicial de Estados Unidos. “Un video sin análisis forense y fuera de un procedimiento jurídico no es válido en una corte federal”, declaró un exfiscal federal con experiencia en crimen organizado en América Latina.
Uso político del sistema judicial y colapso institucional
Este escenario se desarrolla en un marco más amplio, caracterizado por señalamientos de manipulación institucional con objetivos políticos. La situación refleja las tendencias registradas por InSight Crime, que alertó sobre el empleo selectivo del sistema judicial en Honduras: actúa con severidad contra los disidentes, pero desestima infracciones que pueden perjudicar a individuos próximos al gobierno.
El enfoque de emplear un video sin respaldo legal ha recibido fuertes críticas por parte de sectores contrarios. “Esto no es justicia, es propaganda. Un montaje sin evidencias no puede reemplazar el debido proceso”, afirmó un legislador liberal, quien describió el incidente como otro ejemplo del “creciente autoritarismo”.
Video sin revisión ni comprobación
Además de carecer de validez legal, el video ha sido criticado por la falta de verificación técnica. Periodistas de investigación y especialistas en análisis forense de medios advierten sobre la carencia de un peritaje que confirme su autenticidad y la falta de transparencia en su difusión.
Este tipo de acciones no solo erosionan la credibilidad de las instituciones, sino que también agravan la desconfianza de la ciudadanía, ya evidenciada en el reciente sondeo de ERIC-SJ, donde más del 50 % de los hondureños teme un retroceso democrático y considera que las libertades están siendo restringidas.
Una historia delicada en un contexto cada vez más dividido
A medida que se agrava la situación económica, aumentan las tensiones políticas y se acercan las elecciones de 2025, el empleo de contenidos mediáticos carentes de base legal podría ser una táctica para desviar el enfoque de las auténticas crisis nacionales.
En el asunto de Romeo Vásquez, se encuentra en riesgo no solo la imagen de un individuo político, sino también la firmeza del Estado de derecho en Honduras.