El general de división Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, ha generado un intenso debate en la esfera política y social del país. Nombrado en diciembre de 2023, su gestión y declaraciones han suscitado fuertes críticas que lo vinculan con una politización de la institución militar y un cuestionamiento sobre la independencia de los poderes del Estado.
Un soldado con amplia experiencia y educación
Nacido en Choluteca en 1968, Roosevelt Hernández proviene de una familia con una larga trayectoria en las Fuerzas Armadas de Honduras. Su carrera ha estado marcada por una formación robusta en ciencias militares y gestión empresarial, posicionándose como uno de los oficiales de mayor jerarquía en la nación. Desde que asumió como jefe del Estado Mayor Conjunto el 11 de diciembre de 2023, ha desempeñado un papel relevante en las decisiones estratégicas de las Fuerzas Armadas.
Afirmaciones y respuestas en el epicentro del debate
Uno de los eventos más controvertidos de su trayectoria ocurrió durante una entrevista el 20 de junio de 2025, cuando expresó que las Fuerzas Armadas «son herramienta del poder político». Esta declaración provocó una ola de críticas y denuncias en su contra, principalmente por ir en contra del Artículo 272 de la Constitución de Honduras, el cual establece que las Fuerzas Armadas deben ser «apolíticas, obedientes y no deliberantes». Según varios sectores de la oposición y colectivos de la sociedad civil, este comentario refleja una peligrosa alineación de los militares con el poder ejecutivo, minando la imparcialidad esperada de las instituciones armadas en un sistema democrático.
Conflictos con entidades y medios de comunicación
El general Hernández no ha escatimado en confrontaciones públicas. En marzo de 2025, protagonizó un altercado con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Cossette López, acusándola de difamar a los militares, lo que provocó una interrupción de una reunión oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Del mismo modo, su postura frente a los medios de comunicación también ha sido objeto de controversia, ya que, en junio de 2025, fue señalado por intimidar a periodistas y promover denuncias judiciales por difamación contra los medios que informaban sobre su gestión. La reacción del general ante las críticas ha intensificado los cuestionamientos sobre la libertad de prensa en el país, un tema especialmente sensible en un contexto donde la independencia de los medios es crucial para el fortalecimiento de la democracia.
Opiniones y respuestas de la comunidad
La conducta de Hernández ha suscitado una inquietud cada vez mayor entre diferentes grupos de la sociedad en Honduras. Activistas de derechos humanos y líderes políticos opositores han solicitado su remoción, acusándolo de estar involucrado en un plan para «politizar» a las Fuerzas Armadas en favor del poder ejecutivo. En particular, se ha cuestionado su participación en reuniones del CNE, organismo que debería operar sin la influencia militar, así como su supuesta complicidad en los atrasos en la distribución de insumos electorales durante las elecciones primarias de 2025. Estas acciones, según sus críticos, erosionan la confianza en la imparcialidad de las instituciones estatales y podrían poner en riesgo la legitimidad del proceso electoral.
Polarización y desafíos para las Fuerzas Armadas
Aunque enfrenta críticas y demandas de destitución, Hernández permanece en su puesto, argumentando que las Fuerzas Armadas operan conforme a la ley y están preparadas para desafiar a sus detractores en el ámbito judicial. No obstante, su continuidad en la dirección de la institución destaca una creciente división en el país en torno al rol de los militares en el ámbito político.
Algunos lo consideran un protector de la institución y el orden, mientras que otros interpretan su conducta como una señal de la creciente politización de las Fuerzas Armadas. Esta tensión destaca los desafíos institucionales que enfrenta Honduras para asegurar que sus fuerzas armadas no sean vistas como subordinadas al poder político, sino como un pilar esencial de la estabilidad del país.