La investigación en torno a Leire Díez, apodada la «fontanera del PSOE», ha tomado nuevo impulso después de que dos testigos clave ratificaran ante el juez la veracidad de unos audios controvertidos. Dichas grabaciones aportan detalles sobre una reunión en la que, supuestamente, se habrían articulado estrategias para conseguir información comprometedora contra integrantes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y altos cargos de la Fiscalía. Estas revelaciones han amplificado el foco sobre los posibles lazos del PSOE con estas maniobras, en un momento en que el caso Begoña Gómez, que involucra a la esposa de Pedro Sánchez, continúa avanzando en los tribunales.
Avalan credibilidad de las grabaciones
Según las declaraciones realizadas ante el juez Arturo Zamarriego en la Audiencia Nacional, los testigos confirmaron que los audios difundidos por medios de comunicación reflejan las conversaciones reales mantenidas en un encuentro celebrado en febrero de 2024. En esa reunión participaron Leire Díez, el empresario Alejandro Hamlyn (investigado por fraude fiscal) y el abogado Jacobo Teijelo, entre otros. Hamlyn, quien se conectó por videoconferencia desde Dubái, se habría ofrecido a proporcionar información comprometedora mientras se discutían supuestos «favores judiciales» como parte del intercambio.
Díez, mencionada por su supuesta participación en maniobras orientadas a entorpecer investigaciones judiciales relevantes, ha rechazado tener algún lazo específico con operaciones de carácter político, aunque los testigos relataron que el encuentro terminó enfocándose en debates sobre la UCO, donde intervinieron directamente tanto Díez como Javier Pérez Dolset, igualmente investigado en el caso.
¿Presiones sobre el caso Begoña Gómez?
El contexto de esta reunión adquiere una relevancia fundamental. En esas mismas semanas de febrero de 2024 comenzaron a difundirse informaciones sobre supuestas irregularidades vinculadas con Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Aquellas revelaciones terminaron derivando en diligencias judiciales iniciadas en abril de ese mismo año. La sospecha que planea sobre el caso es si las actuaciones encabezadas por Díez buscaban obtener datos que pudieran emplearse para ejercer presión sobre miembros de la UCO y de la Fiscalía, quienes investigaban actividades atribuidas a Gómez.
Además, un aspecto relevante dentro de la investigación es una reunión posterior que Leire Díez habría sostenido con Santos Cerdán, por entonces secretario de Organización del PSOE, en la propia sede del partido en Ferraz. De acuerdo con la declaración de Díez, el propósito del encuentro fue poner al tanto a Cerdán de las gestiones efectuadas y de la información reunida, una aseveración que alimenta las conjeturas acerca de la posible participación del PSOE en estas actuaciones.
Delitos investigados
El juez Zamarriego está instruyendo el caso que involucra a Díez, Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol, bajo sospecha de delitos de cohecho y tráfico de influencias. Estas acciones habrían sido parte de un plan más amplio para obtener datos sensibles y utilizarlos como herramienta de presión contra jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil.
El caso ha puesto a Ferraz bajo un escrutinio considerable, con una pregunta central aún sin respuesta definitiva: ¿hasta qué punto las maniobras de Díez estaban avaladas o patrocinadas por el PSOE y sus dirigentes? Las declaraciones de los implicados se dividen entre negar cualquier conexión política y apuntar a posibles intereses dentro del partido.
Una disputa que sigue sin aclararse
De confirmarse que las acciones de Díez y su entorno estaban coordinadas con el PSOE, las implicaciones políticas serían significativas, especialmente en un contexto donde el Gobierno enfrenta otras investigaciones judiciales que afectan a su liderazgo. Mientras tanto, el foco sigue sobre la red de relaciones que rodea a la denominada «fontanera del PSOE» y las consecuencias que estas maniobras podrían tener en la percepción de transparencia y ética del partido en el poder.
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