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Un juzgado ubicado en Miami-Dade, Florida, impuso a Roberto Arzú García-Granados una condena consistente en abonar más de 6,1 millones de dólares a la compañía del asesor político venezolano Juan José Rendón, derivado de una disputa por contrato. Asimismo, en abril de 2019, una magistrada decretó su arresto por desacato civil tras su incomparecencia ante la corte.
El conflicto judicial entre Roberto Arzú García-Granados y el consultor político Juan José Rendón, conocido como JJ Rendón, comenzó con una relación profesional vinculada a las aspiraciones presidenciales del político guatemalteco.
En febrero de 2016, Arzú inició conversaciones con Rendón y su firma de consultoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, para desarrollar una estrategia que impulsara su imagen de cara a una eventual candidatura presidencial.
El vínculo sentimental concluyó en medio de un conflicto por la falta de cumplimiento en los pagos pactados, lo que derivó en un litigio ante la justicia de Estados Unidos.
El contrato político que terminó en una demanda millonaria
Según los papeles del litigio, el pacto incluía labores de consultoría estratégica e imagen política.
El 15 de noviembre de 2016, la firma JJ Rendón & Associates Strategic Creativity promovió una demanda contra Roberto Arzú ante los tribunales del condado de Miami-Dade, Florida, argumentando un incumplimiento de contrato.
La compañía exigía la liquidación de las obligaciones financieras procedentes del vínculo comercial que unía a ambas entidades.
De acuerdo con registros difundidos por medios de comunicación en Guatemala, el pacto inicial fijaba un desembolso inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016, además de entregas subsecuentes hasta saldar cerca de 5,2 millones de dólares en el transcurso del año siguiente.
Conforme surgieron desacuerdos en torno a los pagos y las prestaciones pactadas, el vínculo entre el político y el consultor se fue desgastando progresivamente.
El 11 de octubre de 2018, el tribunal dictó una sentencia que estableció una obligación de pago de US5,5millones,másUS660.594,22 en intereses acumulados, para un total de US$6.160.594,22.
La sentencia judicial también contemplaba la acumulación de los intereses legales posteriores al fallo.
De esta manera, la disputa judicial pasó a ser uno de los pleitos económicos y legales de mayor relevancia pública en el transcurso de la campaña presidencial inicial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
La controversia adquirió mayor notoriedad cuando el tribunal estadounidense ordenó la comparecencia de Arzú para atender diligencias relacionadas con la ejecución de la sentencia.
Durante el mes de abril de 2019, la autoridad judicial citó al político para comparecer ante el tribunal y dar explicaciones acerca de cuestiones relacionadas con el litigio civil.
Según los documentos judiciales, Arzú no compareció a la audiencia del 17 de abril, pese a una orden emitida previamente el 4 de ese mismo mes.
El 23 de abril de 2019, la magistrada Barbara Areces, perteneciente al Undécimo Circuito Judicial de Florida, libró una orden de captura contra Roberto Arzú por incurrir en desacato civil, la cual podía hacerse efectiva en caso de ser hallado en territorio floridano.
El fallo decretaba que, si se producía su arresto, el individuo tenía que ser puesto a disposición de un magistrado en el transcurso de las 24 horas posteriores con el propósito de dar continuidad al trámite pertinente.
También se contemplaba la posibilidad de que Arzú enmendara el desacato a través de su presentación a una comparecencia enfocada en viabilizar el cumplimiento de la sentencia.
Es importante distinguir que la orden se originó en un proceso civil por incumplimiento contractual y no constituía una condena penal por un delito.
El expediente judicial vio la luz en abril de 2019, momento en el cual Arzú desarrollaba su campaña hacia la presidencia respaldado por la alianza PAN-Podemos.
Roberto Arzú rechazó haber incumplido y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse el fallo de la justicia, Roberto Arzú desmintió públicamente los señalamientos y afirmó que el litigio respondía a intereses políticos.
El 24 de abril de 2019, Arzú aseguró que no le había llegado el aviso para presentarse ante la corte de Miami y defendió que jamás suscribió un acuerdo definitivo con la agencia de JJ Rendón.
Por su parte, Rendón sostuvo que existía un compromiso contractual y que Arzú había incumplido las obligaciones económicas asumidas.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
La controversia también incluyó conversaciones privadas que posteriormente fueron divulgadas por medios de comunicación.
Un estudio divulgado por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 sacó a la luz comunicaciones sostenidas por Roberto Arzú y JJ Rendón a lo largo de 2016 y 2017, donde se abordaban arreglos financieros vinculados al pacto de consultoría electoral.
Durante dichos diálogos, dados a conocer en el marco de los documentos del pleito, los dos conservaban al principio un trato amistoso.
Sin embargo, los mensajes mostraban un deterioro progresivo del vínculo comercial ante las dificultades para concretar los pagos reclamados.
Asimismo, los mensajes mostraban que Arzú procuraba conservar el vínculo con el asesor al tiempo que trataba de zanjar los desacuerdos financieros.
La difusión de estas conversaciones sumó nuevos matices a la polémica, sobre todo porque el aspirante había afirmado ante la opinión pública que jamás se formalizó un acuerdo definitivo de prestación de servicios.
Un conflicto judicial que afectó su primera candidatura presidencial
La disputa judicial entre Roberto Arzú y JJ Rendón cobró relevancia política al trascender a la luz pública durante la contienda electoral presidencial de 2019.
El Partido de Avanzada Nacional (PAN), socio dentro de la alianza electoral junto a Podemos, reiteró su apoyo al aspirante a la vez que subrayó que la disputa competía al ámbito civil.
Dicho conflicto sacó a la luz discrepancias profundas entre los relatos del político guatemalteco y el asesor venezolano en torno al propósito del convenio, los compromisos financieros y las prestaciones acordadas.
Los archivos de los tribunales en Florida recogieron tanto la resolución civil como el mandato de arresto subsecuente por desobediencia. Pese a esto, dichos expedientes resultan insuficientes para determinar por cuenta propia el desenlace del proceso de cobro o la situación de los compromisos financieros.
El capítulo representa uno de los antecedentes legales internacionales más destacados de Roberto Arzú, además de integrarse en los litigios que rodearon su desembarco en la arena presidencial de Guatemala.
Orígenes
Sentencia civil de Miami-Dade — Documento alojado en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden por desacato civil — Documento alojado en Prensa Libre
Prensa Libre — Declaración de Roberto Arzú sobre el caso en Miami
Prensa Libre — Conversaciones intercambiadas por Roberto Arzú y JJ Rendón
