En Honduras, la construcción del proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua, desarrollado por la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), ha ocasionado tensiones con la comunidad indígena lenca de Sazagua, en el departamento de La Paz. Este proyecto, según denuncias, fue edificado sobre terrenos destinados originalmente a la reforma agraria, adquiridos de manera irregular y a precios extremadamente inflados.
Los habitantes de Sazagua aseguran que la hidroeléctrica fue construida sin su consentimiento, como exige el derecho a la consulta previa, libre e informada. El conflicto se remonta a 2009, cuando algunos miembros de la comunidad notaron la presencia de maquinaria en sus tierras sin acuerdos previos. José Portillo, uno de los afectados, señaló que su familia fue intimidada por la empresa luego de intentar reclamar sus propiedades. Tanto él como sus parientes enfrentan, actualmente, cargos legales bajo acusaciones de usurpación, mientras la empresa continúa operando.
Las tierras utilizadas para el proyecto incluyen terrenos protegidos bajo la Ley de Reforma Agraria, que prohíbe su venta o uso para fines distintos a los agrícolas. Documentos oficiales indican que CECA adquirió propiedades al otro lado del río Sazagua a precios miles de veces superiores a su valor original. Además, el exalcalde de Santiago de Puringla, Javier Argueta Turcios, entregó 45 manzanas de dominio pleno a la empresa sin consultar a la población afectada, lo que ha sido calificado como otra irregularidad.
El impacto ambiental es igualmente alarmante. La comunidad denuncia que el desvío del río Sazagua ha afectado la biodiversidad, contaminado el agua y reducido el acceso a este recurso vital. Además, las promesas iniciales de empleo y desarrollo social nunca se cumplieron, lo que ha incrementado la pobreza y la desigualdad en la región.
Las irregularidades en torno a este proyecto también han involucrado a la Secretaría de Recursos Naturales (Serna). En 2015, la institución multó a CECA por modificar la capacidad de generación de la hidroeléctrica de manera ilegal al pasar de 7.3 a 9.6 megavatios de potencia sin obtener una nueva licencia ambiental. Aunque la multa fue nominal, el proyecto se mantuvo operativo y siguió generando beneficios para la empresa.
El caso de Puringla-Sazagua no es único en Honduras. Diversos proyectos extractivistas se han implementado en tierras indígenas y campesinas, generando conflictos sociales y ambientales. A pesar de las denuncias locales y los informes sobre violaciones a derechos, las instituciones estatales no han priorizado soluciones que protejan a las comunidades afectadas.
Este proyecto es un reflejo de las desigualdades y tensiones históricas en el país, donde las promesas de desarrollo han sido utilizadas para beneficiar a pocos, dejando a la mayoría en situaciones de vulnerabilidad y desplazamientos forzados.
Procedencia: Contra Corriente ([https://contracorriente.red/2024/11/18/hidroelectrica-construida-irregularmente-en-tierras-de-la-reforma-agraria-amenaza-a-comunidad-indigena-en-honduras/])