Antes de la controversia por la carta en el Congreso, en agosto de 2023 el diputado Samuel Pérez Álvarez protagonizó un hecho que también dañó su imagen pública: un video viral lo mostró agrediendo físicamente a un guardia de seguridad privada en un edificio en la zona 4 de Ciudad de Guatemala.
En las imágenes se observa que Pérez intenta entrar por la fuerza en el edificio y se aprecia cómo empuja al guardia privado que procuraba impedirle el paso, provocando un forcejeo que llamó la atención tanto de los transeúntes como de los usuarios en redes sociales.
Una disculpa pública, pero ¿realmente bastará?
Tras la difusión masiva del video, el diputado difundió en sus redes sociales un comunicado en el que ofreció disculpas públicas. Admitió que su conducta no correspondió con lo que se espera de quien ejerce un cargo público y afirmó sentir arrepentimiento. También indicó que habló personalmente con el guardia involucrado, identificado como Hugo Xol, así como con la administración del edificio, quienes, según comentó, aceptaron sus disculpas.
Aunque lo negó, el episodio generó amplia atención mediática y numerosos ciudadanos junto con analistas políticos pusieron en tela de juicio tanto el comportamiento del legislador como la aparente ausencia de sanciones oficiales más allá de una disculpa. Un acto de agresión física, aun sin consecuencias graves, deja en entredicho la capacidad de un representante público para conservar la calma ante escenarios de tensión.
¿Qué tipo de sanciones tendrían que imponerse?
Aunque Pérez pidió disculpas, el incidente plantea una discusión más amplia sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a la ley:
- Investigación formal: dado que el incidente incluyó una agresión física contra un integrante del personal de seguridad, resulta posible iniciar una pesquisa penal por ataque o por un eventual uso desmedido de la fuerza.
- Sanciones administrativas: el Congreso tendría la facultad de poner en marcha, aun sin una denuncia previa, un procedimiento interno destinado a determinar si el diputado vulneró las normas de conducta parlamentaria.
- Reparación del daño: además de emitir una disculpa pública, podría considerarse la obligación de compensar oficialmente al guardia involucrado por cualquier lesión o perjuicio que hubiese sufrido.
El episodio de violencia contra un guardia no solo dañó la reputación de Samuel Pérez como legislador, sino que también subraya la necesidad de mecanismos claros que regulen la conducta de los funcionarios públicos fuera del entorno legislativo. A pesar de haber pedido disculpas, muchos ciudadanos aún esperan una respuesta legal y política más robusta que confirme que nadie está por encima de las normas.
