A poco más de cuatro meses de los comicios generales programados para el 30 de noviembre, el partido gobernante en Honduras se enfrenta a una creciente pérdida de credibilidad pública. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que ha estado al mando desde 2022, ha sido acusado por la oposición política, entidades empresariales y grupos de la sociedad civil, quienes señalan supuestas tácticas para modificar el proceso electoral y mantenerse en el poder, mientras las encuestas reflejan una notable disminución en su apoyo.
Disminución en la preferencia electoral y falta de confianza
Recientes sondeos de organizaciones como Pro Encuestas y TResearch muestran que la campaña presidencial de Rixi Moncada ha ido disminuyendo de manera constante. Aunque comenzó liderando, Moncada ha sido desplazada en los resultados por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, ocupando ahora la tercera posición.
Los especialistas señalan que esta caída se debe a una mezcla de elementos: acusaciones de corrupción en el gobierno, divisiones internas en el partido gobernante, mal desempeño económico y una percepción cada vez mayor de falta de transparencia en la administración pública. La disminución del apoyo popular ha ocurrido al mismo tiempo que un endurecimiento del lenguaje político por parte del Ejecutivo y con indicios de tensión institucional que han alertado a diversos sectores.
Sospechas sobre el proceso electoral y control institucional
Uno de los focos principales de controversia es la negativa del oficialismo a permitir la verificación manual de los votos, una práctica habitual en procesos anteriores que sirve como mecanismo de control cruzado frente a la digitalización de los resultados. La oposición y organismos independientes advierten que eliminar esta revisión podría facilitar irregularidades y obstaculizar auditorías ciudadanas e internacionales.
También se ha informado sobre medidas destinadas a obstaculizar el despliegue del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), esencial para garantizar la claridad del conteo. Las inquietudes han aumentado dentro del mismo Consejo Nacional Electoral (CNE), con consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall manifestando presiones y esfuerzos por obstruir su labor.
Organizaciones empresariales y representantes de la oposición interpretan estas medidas como parte de una estrategia para consolidar el control institucional del proceso electoral, limitar la supervisión externa y garantizar al oficialismo un margen de maniobra ante una eventual derrota en las urnas.
Acusaciones de alineamientos ideológicos y clima de confrontación
La organización de un encuentro del Foro de São Paulo en Tegucigalpa, con la asistencia de delegaciones provenientes de gobiernos progresistas del área, revivió la discusión sobre las relaciones exteriores del partido LIBRE. Críticos indicaron que estos lazos con el eje Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían intentarse implementar modelos de control político que fomentan la centralización del poder y limitan la participación democrática.
Al mismo tiempo, críticos como el exlíder del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Eduardo Facussé, han señalado la posible implementación de un “Plan Venezuela”, destinado a crear inestabilidad institucional, protestas provocadas y bloqueos administrativos que compliquen un cambio de gobierno.
De acuerdo con estas acusaciones, grupos relacionados con el gobierno supuestamente llevaron a cabo acciones perturbadoras en lugares estratégicos como el Congreso Nacional y el CNE, en un contexto que podría desgastar la confianza en el proceso electoral y aumentar la polarización política en el país.
Panorama dudoso frente a una votación crucial
En Honduras, el escenario político se vuelve más dividido y el gobierno actual va perdiendo apoyo entre la población, lo que conduce a unas elecciones caracterizadas por la falta de confianza, el conflicto institucional y la crítica a las normas del sistema democrático.
La situación actual revela no solamente la vulnerabilidad del acuerdo democrático en la nación, sino además el reto que supone dirigir la rivalidad política dentro de límites institucionales estables, en un entorno de creciente desilusión ciudadana y falta de confianza en las instituciones gubernamentales.