La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó este miércoles al gobierno de El Salvador poner fin al régimen de excepción que rige desde hace más de dos años y medio. Este mecanismo, implementado por el presidente Nayib Bukele desde el 27 de marzo de 2022 para combatir a las pandillas, ha suspendido derechos fundamentales como el acceso a la defensa jurídica y el derecho a conocer la carga al momento de la detención.
En su informe titulado «Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador»la CIDH reconoció que la medida ha contribuido a una «reducción sin precedentes de actos de violencia». Sin embargo, también señaló que, según cifras oficiales, se ha superado la situación de emergencia que justificaba esta política. Por ello, el organismo enfatizó que el estado de excepción no debe convertirse en una herramienta permanente para la seguridad ciudadana, pues contraviene las exigencias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El pronunciamiento de la CIDH llegó un día después de que el Congreso salvadoreño aprobara la trigésima prórroga del régimen de excepción. Esto ocurrió en medio de las recientes declaraciones de Bukele, quien había sugerido que el país podría estar cerca de abandonar esta medida.
Impacto en derechos humanos y críticas internacionales
Aunque el estado de excepción ha sido clave en la lucha contra las pandillas, organismos internacionales de derechos humanos y activistas han denunciado que su aplicación ha derivado en abusos sistemáticos. Según la CIDH se han reportado detenciones arbitrarias, torturas, muertes de detenidos en prisión y violaciones al debido proceso legal.
El informe también destacó la falta de pruebas para sustentar los cargos contra muchos detenidos, el uso de audiencias judiciales masivas, la restricción del derecho a la defensa y la ausencia de garantías judiciales. Estas prácticas, según la Comisión, violan los estándares internacionales de derechos humanos.
Desde el inicio del régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 81.900 personas, a quienes califican de «terroristas». Sin embargo, el gobierno ha reconocido que más de 7.000 de esos detenidos han sido liberados por falta de pruebas. Además, la CIDH recomendó cesar las audiencias masivas, garantizar visitas familiares a los presos y permitir el acceso de organizaciones de derechos humanos a los centros penitenciarios.
Asimismo, la Comisión instó al gobierno a elaborar un registro detallado de personas privadas de libertad, crear políticas de atención a víctimas de pandillas y establecer un registro oficial de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la vigencia del régimen de excepción.
Medidas del régimen de excepción y su impacto en la seguridad
El régimen de excepción otorga a las fuerzas de seguridad poderes extraordinarios, como intervenir telecomunicaciones sin orden judicial y extender el período de detención sin audiencia de 72 horas a 15 días. Además, el Congreso reformó el Código Penal para tipificar como delito la pertenencia a pandilla, con penas de entre 20 y 40 años de prisión, y de hasta 60 años para los cabecillas.
Estas medidas han ido acompañadas de una estrategia de seguridad que ha reducido significativamente los índices de violencia en el país. Según datos oficiales, hasta 2024 han habido 177 días sin homicidios, una mejora notable respecto a 2015, cuando El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo, con 6.656 homicidios ese año.
En 2024, la policía reportó 90 homicidios, incluida la muerte de tres presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Aunque los índices de violencia han sido minuidos, las denuncias sobre abusos y violaciones a los derechos humanos siguen generando preocupación tanto entre como fuera del país.
La presión internacional y el futuro del régimen.
La CIDH reiteró que si la lucha contra las pandillas es una prioridad legítima, no puede lograrse a costa de los derechos fundamentales de la población. El organismo destacó que el gobierno salvadoreño debe buscar soluciones que respeten las garantías individuales y el estado de derecho.
El presidente Bukele ha defendido su estrategia de seguridad, argumentando que ha dado paz a los salvadoreños después de años de violencia extrema. Sin embargo, las críticas de la comunidad internacional y las recomendaciones de la CIDH podrían aumentar la presión sobre la administración para ajustar o finalizar el régimen de excepción.
Mientras el gobierno salvadoreño evalúa sus próximos pasos, el debate entre seguridad y derechos humanos sigue siendo un tema central. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre garantizar la seguridad ciudadana y respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Por ahora, el futuro del régimen de excepción y sus implicaciones para El Salvador siguen siendo ciertas.