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La situación política en Honduras se vuelve tensa a escasos días de los comicios generales de 2025. El partido gobernante LIBRE ha implementado diversas medidas que incluyen intervenciones en las instituciones, una gran movilización ciudadana y tácticas de presión política, lo que provoca inquietud respecto a la solidez democrática y la paz social de la nación.
Participación de las instituciones y supervisión de la contienda electoral
Durante las últimas semanas, LIBRE ha promovido medidas que diversos analistas y líderes opositores consideran fuera del marco legal. Entre ellas se incluye la instalación de una comisión permanente en el Congreso Nacional sin respaldo normativo, así como intentos de inhabilitación de miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Estas medidas pretenden, de acuerdo con fuentes de la oposición, garantizar el predominio del partido gobernante en el transcurso de la contienda electoral, ante la eventualidad de un revés para su aspirante a la presidencia, Rixi Moncada. Especialistas en derecho constitucional advierten que estas estrategias socavan la autonomía de los organismos, la claridad del proceso electoral y la validez de las facultades democráticas.
Movilización social y preparación para posibles confrontaciones
A partir del 9 de noviembre de 2025, LIBRE ha iniciado una movilización permanente que congrega a miembros de los 18 departamentos de la nación. De manera oficial, esta iniciativa tiene como objetivo exponer un presunto esquema de fraude orquestado por los partidos tradicionales, lo que incluye acusaciones de sabotaje logístico y alteración del sistema de transmisión de resultados (TREP).
Analistas del ámbito político indican que esta táctica persigue un doble objetivo: en primer lugar, ejercer presión sobre la CNE, la Fiscalía y las Fuerzas Armadas; y en segundo lugar, alistar una movilización posterior a las elecciones si los resultados no benefician al partido gobernante, amparándose en el discurso de “resistencia ante un fraude electoral”. Esta situación incrementa la probabilidad de altercados, enfrentamientos y violencia coordinada, de acuerdo con observadores tanto nacionales como internacionales.
Posibilidad de un aumento hacia una convulsión social
La combinación de maniobras institucionales y movilización social ha generado un clima de incertidumbre que atraviesa distintos sectores de la sociedad. Organizaciones opositoras denuncian persecución, intimidación y amenazas, mientras ciudadanos reportan preocupación ante la posibilidad de enfrentamientos y desórdenes generalizados.
Expertos internacionales advierten sobre el surgimiento de fuerzas paralelas de seguridad y la potencial desestabilización de la vida institucional. Señalan que, de no mediar mecanismos de control y supervisión, Honduras podría enfrentar una crisis que comprometa la gobernabilidad, la participación ciudadana y la estabilidad de las instituciones.
Salvaguardas democráticas y petición de estabilidad
La población y diversas entidades de la sociedad civil exigen garantías de claridad en los comicios y autonomía de las instituciones, al tiempo que la esfera internacional sigue de cerca el curso de los sucesos. El escenario presente resalta la urgencia de acciones que mantengan la independencia de las ramas del gobierno y la fiabilidad de los procedimientos democráticos, en una situación donde la división política y la agitación social se relacionan directamente con la posibilidad de conflicto y caos.
En este escenario, la situación de Honduras refleja tensiones profundas entre la gobernabilidad, la legitimidad institucional y la participación ciudadana, planteando desafíos inmediatos para la consolidación de un proceso electoral confiable y la protección de la estabilidad social.