En una controvertida decisión, el fiscal general interino de Perú, Tomás Gálvez Villegas, desmanteló los equipos especiales encargados de investigar importantes casos de corrupción y violaciones de derechos humanos en el país. Entre los grupos desactivados se encuentran el Equipo Especial Lava Jato —que destapó sobornos de Odebrecht a altos funcionarios peruanos—, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), el grupo Eficavip, enfocado en delitos relacionados con protestas sociales, y el equipo que investigaba a la mafia Los Cuellos Blancos del Puerto.
La medida, anunciada el 6 de enero, ha generado un profundo impacto en el panorama político y social de Perú. Según Gálvez, los equipos “no han cumplido con los resultados esperados” y han fomentado «impunidad y persecución». Además, justificó la decisión como parte de un intento de centralizar estrategias de persecución penal. Sin embargo, la decisión ha sido calificada por diversas organizaciones como un claro retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
El fiscal interino, que asumió funciones en septiembre de 2025 mientras enfrentaba denuncias por presuntas irregularidades en su restitución como fiscal supremo, ha sido vinculado a pesquisas relacionadas con la red de Los Cuellos Blancos. Destituido en 2021 por supuestas injerencias en procesos judiciales, Gálvez retornó al Ministerio Público a raíz de decisiones ampliamente cuestionadas. Esta situación ha impulsado a sectores críticos a poner en duda los verdaderos motivos que habrían impulsado el desmantelamiento de los equipos especializados.
Por su parte, José Domingo Pérez, exfiscal del Equipo Especial Lava Jato, defendió los logros de dicho grupo, señalando que su trabajo permitió condenar a expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, además de imponer multas por más de 1.400 millones de dólares. Pérez enfatizó que esta decisión busca restaurar privilegios y detener investigaciones que incomodan a las altas esferas del poder político y económico.
Diversas voces del sector civil y defensores de derechos humanos han alertado sobre los riesgos de esta decisión. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó la medida como un “quiebre institucional” que compromete la búsqueda de justicia en casos emblemáticos. Amnistía Internacional también expresó su preocupación por el debilitamiento de los esfuerzos investigativos vinculados a violaciones de derechos humanos durante las protestas sociales entre 2022 y 2023.
En contraste, ciertos sectores políticos han respaldado la medida. Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, celebró la acción de Gálvez al desmantelar los equipos, señalando que funcionaban como instrumentos de persecución política. No obstante, especialistas y analistas advierten que esta modificación podría trasladar investigaciones esenciales a fiscalías comunes con recursos limitados y menor autonomía.
A medida que la responsabilidad de estos casos se transfiere a otros órganos judiciales, aumenta la incertidumbre sobre el destino de procesos que hasta ahora han sido esenciales en la lucha contra la corrupción en el país, y la decisión de Gálvez llega en un punto decisivo para la justicia peruana, dejando a la sociedad civil a la expectativa de las repercusiones que este revés podría generar en los esfuerzos institucionales por eliminar la impunidad.
Fuente: El País – https://elpais.com/america/2026-01-07/el-fiscal-general-de-peru-desmantela-los-equipos-especiales-que-investigaban-grandes-casos-de-corrupcion.html
