La candidata presidencial de LIBRE, Rixi Moncada, anunció que de llegar al poder impulsará la eliminación de la Central de Riesgos a partir del 27 de enero de 2026. La propuesta, presentada como un mecanismo para ampliar el acceso al crédito y “democratizar la economía”, ha desatado un intenso debate político y económico en Honduras, al confrontar visiones opuestas sobre la sostenibilidad de las instituciones financieras y el impacto en la población endeudada.
Una aproximación innovadora en el sector financiero
Moncada sostiene que más de dos millones de hondureños están registrados en la Central de Riesgos y que son tratados como “delincuentes”, lo que, según ella, los margina de oportunidades económicas y de acceso a créditos formales. Su iniciativa apunta a limitar lo que describe como monopolios que operan con tasas de interés elevadas en perjuicio de pequeños productores y emprendedores.
El proyecto se enmarca en una narrativa de confrontación con sectores empresariales y financieros, donde la candidata de LIBRE busca presentarse como alternativa frente a estructuras que considera excluyentes. Para sus simpatizantes, la medida representa una vía de alivio para familias y trabajadores atrapados en deudas que no logran solventar, a quienes la Central de Riesgos mantiene fuera del circuito crediticio formal.
Reacciones y advertencias de sectores económicos
Desde el ámbito técnico, las alertas no se han hecho esperar. El ex presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, calificó la propuesta como “irresponsable” y advirtió que politizar el sistema financiero implica “jugar con los recursos de los hondureños”.
Economistas consultados en medios nacionales han señalado que la eliminación de la Central de Riesgos, sin un modelo alternativo que preserve la confianza de los inversionistas y bancos, podría derivar en un encarecimiento del crédito, una reducción de la oferta de préstamos y el debilitamiento de la inversión privada.
Los detractores afirman que la acción generaría consecuencias instantáneas en la estabilidad del sistema financiero, al privar a los bancos de un método fundamental para verificar la solidez financiera de quienes piden préstamos. En este contexto, el peligro de incumplimiento podría extenderse a toda la economía, impactando a consumidores y negocios por igual.
Polarización política y tensiones sociales
La propuesta ha sido recibida con entusiasmo por sectores que ven en la Central de Riesgos un obstáculo para la inclusión económica. Para amplias franjas de la población, la promesa de Rixi Moncada simboliza una posible justicia económica frente a décadas de prácticas financieras que perciben como restrictivas y excluyentes.
Por otro lado, críticos y analistas piensan que es una maniobra con un fuerte carácter populista, creada para obtener respaldo electoral de manera inmediata, aunque con el riesgo de desestabilizar la estabilidad económica del país a futuro. El debate no solo abarca temas financieros, sino también la habilidad de las instituciones para asegurar normas claras y concretas en un clima político ya caracterizado por el conflicto y la falta de confianza.
Un debate abierto sobre gobernabilidad económica
El anuncio de Rixi Moncada ha puesto sobre la mesa uno de los temas más sensibles para la próxima administración: cómo equilibrar el acceso al crédito con la necesidad de mantener un sistema financiero funcional y confiable. La decisión, de materializarse, no solo impactará en las finanzas personales de millones de hondureños, sino también en la relación del Estado con la empresa privada y en la percepción internacional sobre la seriedad de las políticas económicas de Honduras.
El porvenir de la Central de Riesgos se ha transformado en un emblema del dilema entre equidad social y solidez institucional. Con promesas de hacer más accesible la economía y advertencias sobre un posible declive en la confianza financiera, el país se enfrenta a un debate que determinará el camino de su liderazgo y su habilidad para atraer inversiones en los años futuros.