El controvertido mandato de Patricia Benavides al mando del Ministerio Público de Perú llegó a su término luego de una serie de imputaciones que desembocaron en su destitución en mayo de 2024. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió de manera unánime apartar a Benavides de su puesto como fiscal de la nación, acusándola de «actuar con intención» e intervenir en una investigación penal contra su hermana, la jueza superior Enma Benavides. Este escándalo no solo cuestiona su gestión, sino que también pone de manifiesto los graves problemas de corrupción que han afectado al sistema de justicia peruano.
La polémica en torno al caso
Patricia Benavides fue nombrada fiscal general en julio de 2022, con un periodo de mandato estipulado hasta 2025. No obstante, su tiempo al frente se vio empañado por continuas polémicas, destacando principalmente su presunta interferencia en el proceso judicial contra su hermana Enma Benavides. La jueza estaba bajo investigación por supuestos lazos con una red criminal dedicada al tráfico de drogas, además de ser acusada de aceptar sobornos a cambio de liberar a narcotraficantes.
El conflicto se inició cuando la fiscal Bersabeth Revilla, encargada de dirigir la investigación contra Enma Benavides, fue destituida de su puesto poco después de que Patricia Benavides comenzara su gestión como fiscal general. La destitución, justificada mediante un informe de «baja productividad» elaborado por la fiscal suprema Azucena Solari, generó sospechas acerca de las verdaderas intenciones de Benavides. La JNJ determinó que la remoción de Revilla se llevó a cabo con el fin de obstaculizar la investigación contra su hermana, procurando que el caso fuera anulado.
Las imputaciones de la Junta Nacional de Justicia
Las acusaciones de la Junta Nacional de Justicia
Durante el proceso disciplinario, la presidenta de la JNJ, María Zavala, afirmó que Patricia Benavides había cometido faltas muy graves al utilizar su posición para interferir en la investigación penal. La Junta también acusó a Benavides de dar un trato degradante a Revilla al destituirla sin una justificación válida. Además, se argumentó que Benavides favoreció la designación de Miguel Vegas Vaccaro como fiscal adjunto supremo provisional, a pesar de que este enfrentaba sanciones disciplinarias previas y estaba siendo investigado por corrupción.
Repercusiones legales y nuevas indagaciones
Patricia Benavides se enfrenta ahora a una nueva investigación por supuestamente encabezar una red de tráfico de influencias dentro del Ministerio Público. Esta reciente acusación podría resultar en una suspensión adicional de 36 meses mientras se llevan a cabo las investigaciones.
A pesar de la seriedad de las acusaciones, los abogados de Benavides comunicaron que interpondrán un recurso de reconsideración ante la JNJ. Sin embargo, especialistas indican que es poco probable que la Junta cambie su veredicto. En una entrevista con la prensa, el abogado de Benavides, Juan Peña, admitió que alberga pocas expectativas de éxito con este recurso, por lo que ya están planificando recurrir al Poder Judicial para apelar a través de la vía constitucional.
Un impacto para el sistema de justicia de Perú
Un golpe para el sistema de justicia peruano
La destitución de Patricia Benavides representa otro episodio oscuro para el sistema judicial de Perú, que en los últimos años ha enfrentado una serie de escándalos de corrupción. La caída de la fiscal general es vista como un reflejo de las profundas divisiones y tensiones políticas dentro del país, agravadas por la percepción de que las instituciones públicas están permeadas por intereses personales y redes de influencia.
Mientras tanto, la decisión de la JNJ es considerada por algunos como un paso necesario para restaurar la confianza en el sistema judicial. No obstante, este caso ha dejado en evidencia la fragilidad de las instituciones peruanas y la necesidad urgente de reformas estructurales para combatir la corrupción y garantizar que quienes ocupan altos cargos actúen en interés de la justicia y no de agendas personales.
Patricia Benavides, cuya gestión fue breve pero controvertida, se convierte en un símbolo de los desafíos que enfrenta Perú en su lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.