A pocas semanas de las elecciones generales, distintos sectores políticos, empresariales y organizaciones civiles han manifestado preocupación por un presunto deterioro institucional en Honduras y la posibilidad de replicar un modelo de control político comparado con el chavismo en Venezuela, señalado por algunos analistas como el “Plan Venezuela”.
Diversos observadores sostienen que esta estrategia estaría orientada a concentrar el poder, afectar la independencia de instituciones clave y limitar la acción de la empresa privada y los medios de comunicación críticos, utilizando recursos estatales y presiones institucionales para garantizar la continuidad del proyecto político oficialista.
Indicadores de participación institucional
Entre las denuncias más recurrentes se destacan el uso de recursos públicos con fines electorales, el debilitamiento de la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la politización de las fuerzas de seguridad. Además, se reporta intimidación a líderes opositores, movilizaciones partidarias con carácter agresivo y un discurso polarizante desde el Gobierno, que según analistas busca deslegitimar cualquier resultado adverso.
Un líder político, en una entrevista, afirmó que «se observan indicios inequívocos de una estrategia para perpetuarse en el poder. Existe intimidación, coacción institucional y un clima de temor en diversas esferas«. Según los analistas, esta coyuntura coloca a la nación ante un dilema trascendental: preservar el camino democrático o transitar hacia un esquema de centralización del poder con tintes autoritarios.
Inquietud global y sugerencias
La comunidad internacional ha emitido advertencias sobre la situación. Más de 90 países, junto con organismos como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas, han instado al Gobierno a garantizar elecciones libres, pacíficas y transparentes, respetando la voluntad popular. Los comunicados diplomáticos señalan riesgos asociados al uso prolongado del estado de excepción, las restricciones a la libertad de expresión y la presión política sobre instituciones electorales.
Un pronunciamiento conjunto de embajadas en Tegucigalpa enfatizó que “es fundamental que el pueblo hondureño pueda ejercer su voto en un ambiente de plena confianza, sin miedo ni interferencias”. Analistas internacionales advierten que cualquier intento de manipular el proceso electoral podría derivar en una crisis política y diplomática, afectando la legitimidad del nuevo gobierno.
Impacto en la ciudadanía y panorama político
La población hondureña observa con creciente inquietud la proximidad de los comicios, en un escenario marcado por incertidumbre y temor. La polarización y la percepción de intervenciones en la institucionalidad electoral podrían incidir tanto en la participación ciudadana como en la credibilidad de los resultados. Sectores empresariales y organizaciones civiles continúan haciendo seguimiento a los movimientos oficiales y a la respuesta de los organismos internacionales.
Para la agrupación LIBRE, estas acusaciones y advertencias constituyen un obstáculo extra en la fase final previa a las elecciones, justo cuando se agudiza el debate en torno a la consolidación del poder y la protección de la autonomía institucional.
El panorama electoral en Honduras, por lo tanto, presenta una encrucijada sociopolítica fundamental: asegurar un entorno de claridad y justicia o encarar un proceso caracterizado por la centralización del poder y la falta de credibilidad pública, lo que tendría repercusiones directas en la administración y la solidez institucional de la nación.