Diez meses después de la divulgación del video que vincula a una figura clave del entorno presidencial con el narcotráfico, la Fiscalía de Honduras continúa sin ofrecer resultados concretos. La inacción del Ministerio Público ante un escándalo que involucra al círculo más cercano de la presidenta Xiomara Castro ha intensificado la presión política y alimentado una creciente desconfianza en las instituciones.
La Fiscalía no ofrece explicaciones precisas en un caso importante
Desde que en septiembre de 2024 se difundiera el video conocido como el “narcovideo” donde aparece Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, en una reunión con narcotraficantes, la Fiscalía no ha emitido acusaciones formales ni avances procesales verificables. En la grabación, los interlocutores ofrecen 13 millones de lempiras para financiar la campaña de LIBRE en 2013, el partido que hoy gobierna.
Tras la filtración, Carlos Zelaya renunció a su cargo como diputado y secretario del Congreso Nacional. Lo mismo hizo su hijo, José Manuel Zelaya, quien entonces ocupaba el cargo de secretario de Defensa. Rafael Sarmiento, jefe de la bancada oficialista, también puso su puesto a disposición. Sin embargo, más allá de estas salidas, no ha habido acciones judiciales concretas.
La Fiscalía ha comunicado que la situación está «en revisión», y ha pedido asistencia legal a Estados Unidos para conseguir el video completo y documentos vinculados a juicios anteriores. Sin embargo, hasta el momento no hay resultados conocidos de estos procedimientos, ni se ha ofrecido un calendario público de la investigación.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
La publicación del video causó una serie de respuestas de varios grupos. La presidenta Xiomara Castro rechazó cualquier relación entre políticos y grupos delictivos, pero señaló que la divulgación era un esfuerzo por desestabilizar su administración antes de las elecciones de 2025.
Sin embargo, para grupos anticorrupción y facciones opositoras, la controversia ha cuestionado la honestidad del plan político de LIBRE. Diversos individuos han demandado incluso la dimisión de la presidenta, alegando que la situación contradice su promesa de romper con el pasado y combatir el narcoestado.
Estas posturas reflejan una tensión creciente en el ámbito político nacional, donde los llamados a esclarecer responsabilidades chocan con una respuesta institucional percibida como insuficiente. La falta de acciones concretas por parte del Ministerio Público ha alimentado la narrativa de impunidad en casos que tocan a figuras cercanas al poder.
Desgaste institucional en un entorno de polarización electoral
El “narcovideo” no ha sido un incidente solitario. Se añade a una serie de controversias recientes que han mermado la confianza pública en las promesas de transformación presentadas por el gobierno de Castro. La ausencia de respuestas judiciales ha intensificado la percepción de que el sistema estatal no opera con la misma determinación cuando los involucrados son parte del oficialismo.
Con los comicios generales fijados para noviembre de 2025, este asunto toma una importancia estratégica. La oposición ha empezado a aprovechar el desgaste del gobierno, mientras que el oficialismo intenta reducir la influencia del escándalo en su discurso público. En este contexto, la exigencia social de claridad y equidad sigue siendo un punto de presión constante.
Un caso que marca el pulso de la institucionalidad hondureña
A casi un año desde su publicación, el narcovideo sigue sin tener consecuencias judiciales notorias, mientras continúan los cuestionamientos sobre el papel de la Fiscalía y el compromiso gubernamental con la apertura. La continua inacción deteriora aún más la legitimidad institucional, en un país con un historial de impunidad y la constante influencia del crimen organizado en el ámbito político.
La gestión de esta situación constituye no solo un desafío inmediato para el gobierno de Xiomara Castro, sino también una evaluación crucial de la fortaleza del Estado de derecho en Honduras. La forma en que se aborde o se ignore determinará el rumbo de la credibilidad institucional en vista de un proceso electoral sumamente polarizado.