En el sur de Florida, María, una inmigrante indocumentada que trabaja en los campos agrícolas de Homestead, admite que ha retrocedido «en las sombras» tras las promesas del presidente electo Donald Trump de implementar políticas migratorias duras. Como muchos otros en su situación, viven con miedo e incertidumbre sobre lo que deparará el futuro. «Estamos muy asustados porque no sabemos el alcance que esto puede tener», confiesa María, que prefirió no desvelar su verdadero nombre por miedo a represalias.
El próximo gobierno de Trump ha anunciado planes para una ofensiva sin precedentes contra la inmigración irregular, incluidas deportaciones masivas que comenzarán con personas que han cometido delitos y se expandirán a otras personas indocumentadas. Estas generan temor entre comunidades como la de Homestead, donde millas de trabajadores agrícolas sin documentos sostienen una de las principales industrias de Florida.
Según el Instituto de Política Migratoria de Estados Unidos, alrededor de 455.000 inmigrantes indocumentados trabajan en Florida. De ellos, el 24% se emplea en la construcción, el 17% en trabajos domésticos o administrativos, el 15% en servicios de alimentación, el 9% en comercios y el 8% en otros sectores. La agricultura, en particular, depende significativamente de esta mano de obra.
Para María y muchos otros, el miedo es palpable. «No todos somos criminales, no todos venimos a pedir nada. Estamos haciendo el trabajo que otros no quieren hacer», señala otra mujer indocumentada bajo anonimato. Algunas personas ya están considerando mudarse a las ciudades santuario o incluso abandonar el país para evitar el impacto de las políticas de Trump.
Deportaciones masivas y redadas sin precedentes
Durante su campaña, Trump prometió ejecutar «la mayor operación de deportación interna en la historia de Estados Unidos». Esto incluiría un aumento significativo de la burocracia, incluidos lugares que antes se consideraban sensibles, como escuelas, hospitales e iglesias. La eliminación de restricciones que limitan las detenciones en estos espacios ha provocado un miedo creciente entre las comunidades de inmigrantes.
«El pueblo estadounidense reeligió al presidente Trump con un mandato claro de cumplir sus promesas de campaña», dijo Karoline Leavitt, portavoz del equipo de transición de Trump. Aunque el presidente electo ha reconocido que implementar estas medidas será complicado debido a las leyes y normativas vigentes, ha insistido en que «algo hay que hacer».
Las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han calificado estas políticas como crueles y contraproducentes. María Bilbao, portavoz del American Friends Service Committee, advirtió que las medidas no sólo están afectando a los inmigrantes, sino también a la economía del país. «Esto ya lo vimos en Florida con la ley SB 1718, que dañó la economía y provocó que mucha gente se fuera», señaló.
Bilbao también criticó el planteamiento de Trump, quien ha insinuado que deportará a familias enteras para evitar separaciones. «Es como regocijarse en ser más y más cruel», afirmó, y anunció que su organización planea movilizaciones y desafícios legales para frenar estas políticas.
Impacto económico de las deportaciones
La expulsión masiva de inmigrantes indocumentados tendría importantes implicaciones económicas. Según los expertos, los indocumentados representan aproximadamente el 4,8% de la fuerza laboral en Estados Unidos, con una participación destacada en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios.
El economista Tulio Rodríguez señaló que la deportación de millones de trabajadores podría reducir el Producto Interno Bruto (PIB) del país y afectar los ingresos tributarios que financian los programas de salud y los servicios públicos. Además, su ausencia podría generar un aumento de los salarios en determinadas industrias, lo que a su vez se traduciría en mayores precios para los consumidores.
Un informe del Pew Research Center reveló que el número de inmigrantes no autorizados en la fuerza laboral estadounidense alcanzó los 8,3 millones en 2022, niveles históricos no vistos desde 2008. Este aumento subraya la importancia económica de esta población y la dependencia de muchas industrias estudiantes de su trabajo.
Ciudades santuario y resistencia local
Ante la inminente implementación de las políticas de Trump, varios santuarios han reafirmado su compromiso de no colaborar con las autoridades federales en redacciones y deportaciones. Los Ángeles, por ejemplo, ha adoptado oficialmente este estatus y ha prometido proteger a sus comunidades de inmigrantes.
Estas ciudades representan un desafío para las políticas de Trump, porque su cooperación es fundamental para ejecutar las redadas masivas. Sin embargo, la administración entrante ha señalado que podría tomar medidas legales y económicas para presionar a estas localidades.
Otras medidas migratorias en revisión
Además de las deportaciones, Trump ha expresado su intención de eliminar el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a más de medio millón de jóvenes conocidos como «dreamers». Durante su primer mandato intentó rescindir este programa, pero fue bloqueado por la Corte Suprema en 2020. Ahora, los “dreamers” enfrentan nuevamente la posibilidad de perder sus permisos de trabajo y su protección contra la deportación.
Trump también ha indicado que buscará reducir las vías de inmigración legal, incluidos los programas de reunificación familiar y protecciones humanitarias como el Estatus de Protección Temporal (TPS). Además, podría eliminar el programa de permiso humanitario implementado por Joe Biden para ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Estas medidas podrían provocar la separación de familias y exponer a miles de personas a condiciones peligrosas en sus países de origen, exacerbando los problemas de salud física y mental en las comunidades afectadas.
Esperanza en medio de la incertidumbre
A pesar del temor generalizado, María y otros inmigrantes indocumentados confían en que haya formas legales para disputar estas políticas. «No lo damos por perdido», dice María. «Nos dicen que debemos esperar a ver qué leyes propone Trump y, en ese momento, buscar soluciones legales».
La incertidumbre marca el horizonte para los indocumentados en Estados Unidos, mientras el país se prepara para una nueva administración que promete transformar radicalmente el panorama migratorio. Sin embargo, la resistencia de las comunidades de inmigrantes y sus aliados podría desempeñar un papel crucial en los próximos años.