La Casa Blanca se apresura contra el tiempo para rescatar su plan comercial, gravemente afectado después de la decisión del miércoles que revocó la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump. El Gobierno ha señalado que, si los tribunales inferiores no detienen la implementación del fallo, solicitará este mismo viernes al Tribunal Supremo que preserve las tarifas actuales sobre las importaciones, argumentando que su eliminación causaría «daños irreparables» para la economía y la seguridad nacional.
La sentencia constituye el más significativo revés jurídico para Trump desde el comienzo de su segundo mandato. Sus abogados han pedido acciones cautelares tanto al Tribunal de Comercio Internacional como a un tribunal federal de Apelaciones en Washington. En el documento de 124 páginas entregado este jueves, el Ejecutivo advierte que, si se lleva a cabo la sentencia, “los acuerdos exitosos alcanzados con varios países podrían colapsar inmediatamente”, a pesar de que, en realidad, Trump no ha concretado ningún acuerdo comercial vinculante durante su presidencia.
Ideas reiteradas, aunque sin respaldo adicional
El Ejecutivo sigue utilizando las mismas razones presentadas durante el juicio: que los jueces no tienen autoridad para desafiar la decisión del presidente de aplicar leyes de emergencia para establecer tarifas, y que hay antecedentes —como el de Richard Nixon— que respaldan ese tipo de acciones. No obstante, la resolución del tribunal examina justamente ese precedente y lo emplea para cuestionar la legalidad de lo actuado por Trump.
La solicitud al Supremo subraya que, sin una suspensión inmediata, “incluso si los aranceles se confirman más adelante, el daño causado ya no podrá revertirse”. El Gobierno advierte que podría perder ingresos fiscales, ver comprometidas negociaciones internacionales y quedar expuesto a represalias comerciales.
La sentencia: un golpe a la estrategia y la legalidad de Trump
El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó el miércoles por unanimidad que los aranceles generalizados impuestos por Trump son ilegales, al considerar que el presidente excedió sus competencias constitucionales y violó la legislación al aplicar una ley de emergencia de forma indebida.
El fallo revoca, entre otras cosas, los aranceles del 25% que se aplicaron a Canadá y México, y del 20% a China, así como los controvertidos “aranceles recíprocos” impuestos mundialmente bajo el pretexto de luchar contra el fentanilo y regular la inmigración. Estas disposiciones, anunciadas en el denominado “Día de la Liberación”, fueron posteriormente disminuidas al 10% debido a la presión de los mercados.
Conflictos en el ámbito político y judicial
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha censurado severamente la decisión, tildándola de «abuso judicial» y señalando a «magistrados no electos» por interferir en las decisiones del Ejecutivo. «Estados Unidos no puede operar si un presidente observa cómo sus acuerdos son obstaculizados por jueces activistas», afirmó.
Stephen Miller, subjefe de gabinete, fue más allá: “Vivimos bajo una tiranía judicial”, tuiteó el jueves por la noche.
Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, aseguró en Fox Business que confía en que la decisión será revertida en la apelación. No obstante, la Casa Blanca admite que prepara un recurso sobre el fondo del asunto que todavía no ha sido presentado.
División ideológica en el Supremo
La Corte Suprema, en la cual Trump tiene a tres jueces dentro de los seis que constituyen la mayoría conservadora, podría actuar como el decisor definitivo. No obstante, ese balance ideológico no asegura un fallo beneficioso. La resolución revocada fue suscrita unánimemente por magistrados nombrados por Trump, Reagan y Obama, lo que le confiere una relevancia institucional complicada de ignorar.
El gabinete sale en defensa de los aranceles
La gravedad de la situación llevó a cuatro miembros del Gabinete a presentar declaraciones formales ante el tribunal. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, alertó de que la anulación de los aranceles “socavaría” acuerdos recientes. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió del riesgo de ruptura de negociaciones en curso. El representante comercial, Jamieson Greer, teme una distorsión de las condiciones de competencia. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, considera que el fallo pone en peligro la política exterior y la seguridad nacional.