A menos de cinco meses para las elecciones generales en Honduras, el involucramiento de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el proceso electoral continúa generando discusiones. Su función constitucional es asegurar la seguridad, cuidado y traslado del material electoral, además de la protección de los centros de votación, enfrentándose a un incremento en los cuestionamientos, impulsados por fallos recientes y un contexto de desconfianza hacia las instituciones.
Pronunciamientos formales y compromisos institucionales
Altos mandos del Ejército han reafirmado públicamente su adhesión a los principios constitucionales de neutralidad y apoyo a la democracia. El general Roosevelt Hernández, en representación de la cúpula militar, reiteró el compromiso de las FF. AA. de garantizar un proceso electoral “limpio, transparente y seguro”, enfatizando el carácter apolítico y no deliberante de la institución castrense.
Desde el Departamento de Defensa se ha reiterado que las Fuerzas Armadas cumplirán con las directrices del Consejo Nacional Electoral (CNE), de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución. Por lo tanto, en la etapa electoral, las FF. AA. deben desvincularse operativamente del Poder Ejecutivo para dedicarse únicamente a la protección del proceso electoral.
Críticas por fallos logísticos y antecedentes recientes
Pese a las declaraciones oficiales, distintos sectores han puesto en duda la capacidad de las Fuerzas Armadas para garantizar un proceso electoral sin contratiempos. En las elecciones primarias celebradas en marzo de 2025, se reportaron retrasos de hasta cinco horas en la entrega del material electoral en ciudades clave como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Las fallas logísticas fueron atribuidas tanto al mando militar como a la titular de Defensa, Rixi Moncada, lo que desató una ola de críticas desde la oposición y organizaciones de la sociedad civil.
Estos incidentes reactivaron el debate sobre la preparación operativa del Ejército en tareas electorales y reavivaron los cuestionamientos sobre su independencia. Algunos analistas advierten que, si no se corrigen las fallas evidenciadas en las primarias, el proceso del 30 de noviembre podría enfrentar problemas similares, comprometiendo la confianza ciudadana en las instituciones encargadas del proceso democrático.
Conflictos institucionales y peligro de politización
La polémica también ha alcanzado al discurso institucional. Expertos señalan que sectores afines al oficialismo han intentado minimizar la responsabilidad de las FF. AA. en los errores logísticos de marzo, promoviendo una narrativa orientada a preservar la imagen de la institución castrense. Esta postura ha coincidido con una creciente desconfianza hacia el CNE, cuyas capacidades técnicas y liderazgo han sido objeto de críticas por su manejo del calendario electoral y su relación con el Ejecutivo.
En este escenario, el papel de las FF. AA. es cada vez más sensible. Aunque su misión constitucional les prohíbe involucrarse o tomar partido en cuestiones políticas, la imagen pública de su neutralidad se resiente debido a la politización del debate electoral. La tensión crece conforme se acerca el momento de las elecciones, en un entorno caracterizado por la polarización y las dudas sobre la institucionalidad democrática.
Un reto para la validez de las elecciones
La participación de las Fuerzas Armadas en los comicios de noviembre representa un punto crítico para la legitimidad del proceso electoral hondureño. Aunque la Constitución les asigna un rol operativo claro y delimitado, los antecedentes de fallas logísticas y la crisis de confianza en el sistema electoral colocan a la institución militar en una posición compleja.
En una nación caracterizada por una notable polarización política y una institucionalidad democrática débil, la actuación de las FF. AA. en las elecciones podría afectar significativamente la percepción de legitimidad de los resultados de los comicios. La claridad en las operaciones y la estricta adhesión al mandato constitucional serán esenciales para prevenir tensiones adicionales y mantener la estabilidad democrática en un año electoral crucial.