Desde hace más de nueve años ocurrió la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, México. A pesar del tiempo que ha pasado, las familias de los estudiantes continúan su lucha sin descanso por obtener respuestas y justicia. Esta desaparición en masa se ha convertido en un emblema del grave problema de la impunidad y corrupción en México, un país donde más de 110,000 personas han desaparecido en medio de la violencia del narcotráfico.
Luz María Telumbre es una de las madres que mantiene viva la esperanza. Su hijo, Christian, fue uno de los estudiantes desaparecidos y, aunque en 2020 se identificó un fragmento óseo como suyo, Luz María asegura que no cesará su búsqueda hasta descubrir toda la verdad. «Mientras no tenga el cuerpo completo, mi lucha continúa… hasta que los responsables sean castigados», afirma, expresando el sentir de muchas familias que aún aguardan justicia.
La «verdad histórica» bajo examen detallado
El gobierno mexicano inicialmente presentó la llamada “verdad histórica”. Esta versión sostenía que policías corruptos entregaron a los estudiantes al grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes los mataron, incineraron sus restos en un basurero y arrojaron las cenizas al río San Juan. Esta narración, presentada por Tomás Zerón, quien en ese momento dirigía la Agencia de Investigación Criminal, fue duramente criticada por las familias, que la vieron como un intento de dar por cerrado el caso sin identificar a los verdaderos culpables.
Con el tiempo, se presentaron evidencias que pusieron en duda esta versión. Investigaciones independientes destaparon irregularidades en los procedimientos, tales como torturas a testigos y manipulación de pruebas. Incluso se encontraron restos humanos en sitios completamente diferentes a los mencionados en la «verdad histórica», lo que disminuyó aún más la credibilidad de la narrativa oficial.
Una investigación renovada y más interrogantes
En 2019, la administración de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reabrir el caso con una nueva investigación, liderada por el abogado de derechos humanos Omar Gómez Trejo. Este equipo descubrió videos que mostraban interrogatorios ilegales realizados durante la investigación inicial, donde se evidenció la tortura por parte de autoridades. Estas nuevas pruebas provocaron que se retiraran cargos contra algunos de los sospechosos originales y se emitieran órdenes de arresto contra altos funcionarios, incluido Tomás Zerón, quien se trasladó a Israel y niega haber torturado a testigos.
A pesar de los progresos, las tensiones continúan. La implicación del ejército en los eventos de Iguala sigue siendo un asunto sensible. Está documentado que el ejército seguía la situación en tiempo real y que incluso contaba con infiltrados en la escuela de Ayotzinapa, pero no actuó para impedir la desaparición de los estudiantes. Aunque el presidente López Obrador ha mandado que se entregue toda la información militar pertinente, los investigadores reportan falta de cooperación y obstrucción por parte de las fuerzas armadas.
Una cuestión importante: la corrupción y la impunidad
El caso Ayotzinapa no solo muestra la tragedia de las familias afectadas, sino también los serios problemas estructurales en México. La connivencia entre autoridades y el crimen organizado quedó al descubierto, con evidencias que sugieren que los Guerreros Unidos usaban autobuses para transportar drogas hacia Estados Unidos. Se cree que los estudiantes abordaron, sin estar al tanto, un autobús relacionado con estas actividades, lo que desencadenó la violencia en su contra.
La batalla contra la corrupción y la impunidad en México continúa siendo una tarea gigantesca. Aunque el gobierno ha logrado algunas detenciones, entre ellas la de exfuncionarios y militares, hasta el momento no se ha dictado ninguna sentencia por los crímenes perpetrados contra los estudiantes.
La lucha contra la corrupción y la impunidad en México sigue siendo una tarea monumental. Aunque el gobierno ha logrado algunas detenciones, incluida la de exfuncionarios y militares, hasta ahora no se ha emitido una sola sentencia por los crímenes cometidos contra los estudiantes.
Una lucha que no termina
Para las familias, el tiempo no ha borrado el dolor ni la determinación. Cristina Bautista, madre de Benjamín, uno de los desaparecidos, asegura que continuará buscando a su hijo hasta su último aliento. “Con nosotros se equivocaron”, dice, refiriéndose a los intentos del gobierno de silenciar sus demandas.
El caso Ayotzinapa sigue siendo un recordatorio de las profundas fallas en el sistema de justicia mexicano. Las familias de los 43 estudiantes, junto con organizaciones de derechos humanos, continúan exigiendo verdad y justicia, no solo para sus seres queridos, sino para todas las víctimas de la violencia en el país. Su lucha no solo busca respuestas, sino también un cambio en un sistema que ha permitido que tragedias como esta ocurran una y otra vez.