Desde hace más de nueve años ocurrió la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, México. A pesar del tiempo que ha pasado, las familias de los estudiantes continúan su lucha sin descanso por obtener respuestas y justicia. Esta desaparición en masa se ha convertido en un emblema del grave problema de la impunidad y corrupción en México, un país donde más de 110,000 personas han desaparecido en medio de la violencia del narcotráfico.
Luz María Telumbre es una de las madres que mantiene viva la esperanza. Su hijo, Christian, formaba parte de los estudiantes desaparecidos y, a pesar de que en 2020 se halló un fragmento óseo que le pertenecía, Luz María sostiene que su búsqueda continuará hasta conocer toda la verdad. “Mientras no tenga el cuerpo íntegro, mi lucha persiste… hasta que los responsables paguen”, afirma, expresando el sentimiento compartido por muchas familias que aún anhelan justicia.
Cuestionamientos a la “verdad histórica”
Al principio, las autoridades mexicanas ofrecieron lo que llamaron la «verdad histórica». Según esta explicación, policías corruptos entregaron a los estudiantes al cartel Guerreros Unidos, quienes los mataron, incineraron sus cuerpos en un vertedero y lanzaron las cenizas al río San Juan. Esta narrativa, presentada por el director de la Agencia de Investigación Criminal en ese momento, Tomás Zerón, fue duramente criticada por las familias, que la vieron como un intento de cerrar el caso sin identificar a los culpables.
Inicialmente, el gobierno mexicano presentó lo que denominó la “verdad histórica”. Según esta versión, policías corruptos entregaron a los estudiantes al cartel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron, quemaron sus cuerpos en un basurero y arrojaron las cenizas al río San Juan. Esta narrativa, presentada por el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, fue ampliamente criticada por las familias, quienes la consideraron un intento de cerrar el caso sin encontrar a los responsables.
Con el tiempo, surgieron pruebas que cuestionaron esta versión. Investigaciones independientes revelaron irregularidades en los procedimientos, incluyendo torturas a testigos y pruebas manipuladas. Incluso se descubrieron restos humanos en lugares completamente distintos a los señalados en la “verdad histórica”, lo que debilitó aún más la credibilidad de la narrativa oficial.
En 2019, la administración de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reabrir el caso con una nueva investigación, liderada por el abogado de derechos humanos Omar Gómez Trejo. Este equipo descubrió videos que mostraban interrogatorios ilegales realizados durante la investigación inicial, donde se evidenció la tortura por parte de autoridades. Estas nuevas pruebas provocaron que se retiraran cargos contra algunos de los sospechosos originales y se emitieran órdenes de arresto contra altos funcionarios, incluido Tomás Zerón, quien se trasladó a Israel y niega haber torturado a testigos.
A pesar de los progresos, las tensiones continúan. La implicación del ejército en los eventos de Iguala sigue siendo un asunto sensible. Está documentado que el ejército seguía la situación en tiempo real y que incluso contaba con infiltrados en la escuela de Ayotzinapa, pero no actuó para impedir la desaparición de los estudiantes. Aunque el presidente López Obrador ha mandado que se entregue toda la información militar pertinente, los investigadores reportan falta de cooperación y obstrucción por parte de las fuerzas armadas.
Un desafío mayor: corrupción e impunidad
El caso Ayotzinapa no solo evidencia la tragedia de las familias afectadas, sino también los profundos problemas estructurales en México. La complicidad entre las autoridades y el crimen organizado quedó revelada, con evidencias que sugieren que Guerreros Unidos usaban autobuses para traficar droga hacia Estados Unidos. Se cree que los estudiantes tomaron inadvertidamente un autobús relacionado con estas operaciones, lo que provocó la violencia en su contra.
La batalla contra la corrupción y la impunidad en México continúa siendo una tarea gigantesca. Aunque el gobierno ha logrado algunas detenciones, entre ellas la de exfuncionarios y militares, hasta el momento no se ha dictado ninguna sentencia por los crímenes perpetrados contra los estudiantes.
Una batalla sin fin
Para las familias, el paso del tiempo no ha mitigado el dolor ni la resolución. Cristina Bautista, madre de Benjamín, uno de los desaparecidos, afirma que seguirá buscando a su hijo hasta su último aliento. «Con nosotros se equivocaron», expresa, aludiendo a los intentos del gobierno de acallar sus exigencias.
Para las familias, el tiempo no ha borrado el dolor ni la determinación. Cristina Bautista, madre de Benjamín, uno de los desaparecidos, asegura que continuará buscando a su hijo hasta su último aliento. “Con nosotros se equivocaron”, dice, refiriéndose a los intentos del gobierno de silenciar sus demandas.
El caso Ayotzinapa sigue siendo un recordatorio de las profundas fallas en el sistema de justicia mexicano. Las familias de los 43 estudiantes, junto con organizaciones de derechos humanos, continúan exigiendo verdad y justicia, no solo para sus seres queridos, sino para todas las víctimas de la violencia en el país. Su lucha no solo busca respuestas, sino también un cambio en un sistema que ha permitido que tragedias como esta ocurran una y otra vez.